Fuente: La Crónica
Jorge Javier Romero
En su artículo del lunes pasado, Jesús Silva Herzog salió en defensa de las reglas que en México dificultan enormemente las rupturas partidistas, pues ponen obstáculos ingentes a la entrada de nuevos competidores a la contienda electoral. No sin razones, plantea que peor nos iría con un sistema político extremadamente fragmentado, con partidos débiles, y critica por ingenuos los clamores contra la llamada partidocracia, término que se pretende oponer al de una auténtica democracia ciudadana. El tema da para una buena discusión. Desde luego, es una tontería pretender que por un lado están los ciudadanos portadores de todas las bondades democráticas y por el otro los políticos malévolos que han usurpado el espacio de toma de decisiones.
También lo es creer que se puede tener una democracia sin partidos. En más de una ocasión he argumentado contra los que pretenden que pueden existir candidatos ciudadanos impolutos que se puedan convertir en campeones de la sociedad por encima de los maléficos y corrompidos partidos; por lo general, esos pretendidos independientes traen tras de sí poderosas maquinarias aceitadas con el dinero propio de patrocinadores inconfesables y se erigen en caudillos personalistas que no responden a organizaciones institucionalizadas, con reglas claras y mecanismos de deliberación y toma de decisiones colectivas.
Las democracias modernas, representativas como son, requieren de partidos y, coincido con Silva: entre más fuertes sean, mejor para la calidad de la competencia política. Empero, cuando lo que existen son reglas restrictivas para la participación electoral, producto de un pacto excluyente y que obligan a construir simulacros de amplia militancia para poder competir en condiciones de franca inequidad, como sucede hoy en México, entonces sí es necesario denunciar la existencia de una colusión oligopólica que deforma la representación y limita la existencia de nuevas expresiones políticas, sobre todo en una democracia tan joven como la mexicana. Justificar esas reglas en nombre de la fortaleza y la estabilidad partidista me parece un exceso.
Existen muchos ejemplos, fuera del recurrente caso de los Estados Unidos, tan caro a los analistas de nuestro entorno, de sistemas políticos con reglas de entrada poco restrictivas que, sin embargo, cuentan con sistemas de partidos más que estables. La facilidad para participar en la contienda no ha llevado a un transfuguismo exacerbado ni en España ni en otros países con normas igual de laxas para presentar candidaturas. Los incentivos para la unidad y la disciplina partidista están en otra parte, no en restricciones absurdas para la participación electoral. Es verdad que en México han surgido partidos chatarra y que algunos de ellos han sobrevivido.
Pero lo han hecho al amparo y bajo la protección de los tres grandes, que los han cobijado como sus satélites. En cambio, los jugosos beneficios de tener una patente partidista han llevado a asaltos filibusteros, como el vivido por Alternativa Socialdemócrata, hoy convertido en un descolorido Partido Socialdemócrata a la búsqueda de la protección salvadora de la santa alianza con el PRD. No me parece que sea tan buena noticia para la democracia mexicana que los divorcios sean tan incosteables para el que abandona la casa política. Insisto: no creo que la extremada fragmentación partidista sea benéfica, pero, ¿quién dijo que el electorado mexicano tiende a la fragmentación? Por lo visto en los años que llevamos de competencia electoral real, la tendencia de los votantes es a identificarse con fuerzas claramente definidas y sólo en unos cuantos casos han logrado su permanencia opciones capaces de representar intereses y opiniones excluidos de los tres grandes bloques políticos.
No estamos ante unos electores que hayan optado por partidos construidos al vapor. ¿Por qué entonces mantener el proteccionismo en beneficio de tres maquinarias que dejan mucho que desear en sus prácticas democráticas internas y en sus mecanismos de inclusión de diversas voces? Es necesario analizar en concreto las reglas vigentes antes de defenderlas como un mal necesario. Con el sistema actual de registro, los beneficiarios son quienes traen tras de sí clientelas acríticas y pueden con ellas mayoritear a los contrincantes.
No son reglas que generen incentivos positivos a la existencia de organizaciones programáticas, constituidas en torno a ideas y donde la deliberación sea el camino para llegar a acuerdos. Nadie puede defender sensatamente los mecanismos con los cuales el PRD, por ejemplo, ha resuelto su controversia interna, incluso después de que el Tribunal Electoral ha dicho la última palabra y le ha dado legalidad a un resultado. Es verdad que la democracia mexicana necesita de partidos sólidos. También es cierto que es mejor tener partidos disciplinados que grupos de díscolos en constante trifulca. Pero no creo que sean las reglas actuales las que propicien el sistema partidista que llevaría a superar la bajísima calidad de la representación que hoy vivimos. Me parece lógico que los coludidos defiendan lo que ellos han pactado, pero es necesario que desde los excluidos se construya una crítica capaz de proponer una nueva ley de partidos que rompa con el proteccionismo hoy existente, que no ha hecho otra cosa que copiar y adaptar las viejas normas de los tiempos del monopolio del PRI a las condiciones del nuevo oligopolio.