Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
14/05/2015
Si hay un asunto poco comprendido en México es el papel que juegan los representantes de representación proporcional en el arreglo democrático. Son muy frecuentes los clamores en contra de los “plurinominales”, como se apoda a los diputados, senadores y regidores electos de acuerdo al porcentaje de votos obtenido por sus respectivos partidos en cada elección. Desde las airadas diatribas, proclamadas desde una profunda ignorancia, de Pedro Ferriz a la ingenuidad bien intencionada de Catón, no faltan comentaristas que claman en contra de los diputados “por los que nadie ha votado”. Incluso un articulista tan refinado como Jesús Silva—Herzog Márquez, criticó tangencialmente a la representación proporcional en su artículo del lunes pasado en el que cuestiona la falta de castigo a los políticos en nuestra incipiente democracia. Están también los argumentos más elaborados contra la representación proporcional por sus efectos sobre la fragmentación de la integración del congreso y su impacto sobre la gobernabilidad.
La discusión sobre los métodos de integración de los cuerpos representativos en las democracias no es exclusiva de México; ahora mismo, en el Reino Unido se vuelven a oír —como después de cada elección desde que tengo memoria— voces partidarias de una reforma electoral para modificar el sistema mayoritario donde el ganador de cada distrito se lleva todo —first past the post se le llama en inglés a la elección de mayoría relativa—, mientras que los perdedores se van a su casa. Las voces críticas al tradicional sistema británico de elección, entre las que se encuentra la revista The Economist, cuestionan la representación deformada que con él se genera, pues mientras los partidos con capacidad de ganar distritos quedan sobrerepresentados, los partidos que tienen apoyo nacional pero no concentran en regiones específicas sus sufragios quedan prácticamente fuera del Parlamento. En la última elección, por ejemplo, el Partido Nacional Escocés, con menos del cinco por ciento de la votación nacional, se hizo con 56 de los 650 escaños en juego, mientras que el Partido liberal Demócrata, con el 7.9 por ciento, sólo consiguió ocho escaños y el Partido de la Independencia del Reino Unido, partidario de la salida británica de la Unión Europea, tuvo el 12.6 por ciento pero sólo alcanzó un asiento en el Parlamento. Entre los partidos mayoritarios, el Conservador se quedó con la mayoría absoluta de la cámara aunque sólo tuvo el 36.9 por ciento, mientras que los Laboristas, que obtuvieron el 30. 4 por ciento de la votación se quedaron 99 escaños por debajo.
El sistema británico ha sido tradicionalmente defendido por los partidos mayores —aunque los laboristas se han manifestado de dientes para afuera por la reforma— mientras que los Liberal—Demócratas y otras fuerzas emergentes han buscado la instauración de alguna forma de corrección proporcional. Sin embargo, en la legislatura pasada, cuando los Lib—Dem lograron una votación considerable y formaron coalición de gobierno con los conservadores, que no habían alcanzado la mayoría absoluta en el Parlamento, se anunció como parte de la agenda pactada el cambio del sistema electoral pero no se concretó en los cinco años de gestión. Ahora, con un gobierno conservador sólido, es impensable la reforma, a pesar de que los laboristas, golpeados por el ascenso nacionalista en escocia, serían partidarios de ella.
En España, en cambio, ante el ascenso anunciado de los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos, que ha tenido ya su primera expresión en las elecciones andaluzas de hace unas semanas, los partidos grandes —PP y PSOE— manifiestan su interés por reformas que garanticen la “gobernabilidad”, entendida como recortes a la capacidad de negociación de las minorías a la hora de integrar gobiernos. Claro que las posiciones intransigentes de las fuerzas emergentes, como las que tienen bloqueada la formación de gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contribuyen a los clamores favorables a las soluciones mayoritarias. El Partido Popular, por ejemplo, ya propone la introducción de una segunda vuelta que garantice la mayoría al partido más votado.
No existe sistema electoral perfecto. Seguro no faltará el nerd que salga a demostrar, con base en el teorema de la imposibilidad de Arrow, que no existe ningún sistema capaz de agregar eficazmente las preferencias de los electores. Sin embargo, estoy convencido que la representación proporcional es indispensable para garantizar la pluralidad y la presencia de las minorías en cualquier régimen democrático, mientras que los sistemas mayoritarios suelen generar beneficios para los cuerpos más poderosos de las sociedades en detrimento de los más débiles. Un ejemplo: la población negra de los Estados Unidos es de alrededor del 13 %, mientras que en el Senado de cien escaños apenas hay un afrodescendiente.
Con frecuencia se presenta la introducción de la representación proporcional en México como una medida transitoria, necesaria cuando no existían partidos fuertemente implantados pero superflua en nuestros tiempos. Me parece un despropósito. La representación proporcional es más necesaria hoy, cuando la diversidad de la sociedad mexicana es más patente que nunca. Los defensores de la eliminación de los plurinominales no toman en cuenta la importancia que han tenido no sólo para la consolidación de la pluralidad sino para la introducción de iniciativas de reformas que han ampliado los derechos de las minorías, como en la Ciudad de México, donde fueron los diputados de Democracia Social, primero, y de Alternativa Socialdemócrata después, los que pusieron en la agenda tanto el matrimonio igualitario como la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por citar dos casos conspicuos.
El problema de la representación proporcional en México es que ha sido aprovechada en los últimos tiempos por pequeñas fuerzas clientelistas que han medrado en las condiciones restrictivas del sistema electoral proteccionista, y si bien ha permitido la presencia de múltiples fuerzas en los espacios legislativos y en los ayuntamientos, no ha resuelto plenamente el asunto de la representatividad de la pluralidad social realmente existente. El mal mayor de nuestro sistema electoral no está en la existencia de la representación proporcional sino en las deformaciones que impones el sistema de registro de los partidos y en el diseño abusivo del financiamiento público.
A diferencia de José Woldenberg, con quien suelo coincidir pero que en este caso que defiende sólo un par de cambios menores en la tan reformada legislación electoral, creo que hoy, ante el descrédito de los partidos entre una franja significativa de la sociedad, son necesarios cuatro cambios mayores. Uno, desmontar el proteccionismo electoral con la vuelta a un mecanismo de registro que liberalice la entrada a la competencia de nuevas fuerzas, como ocurrió en 1977 con la introducción del registro condicionado. Dos, la separación de boletas para la elección de diputados por mayoría relativa y de representación proporcional, de manera que los electores sepan con claridad a cual partido le dan su sufragio plurinominal. Tres, la reforma del financiamiento público a los partidos, no sólo para que éste disminuya, sino para que no sea el pretexto para obstaculizar el acceso de nuevas fuerzas a la contienda. Cuatro, la consolidación de la elección de senadores, que elimine la actual lista nacional pero convierta a cada estado en una circunscripción de representación proporcional donde se elijan cuatro escaños por cada entidad federativa, tal vez con el sistema D’hont.
México requiere hoy más pluralidad en la representación. Si hace décadas el país dejó de caber en un solo partido, hoy de ninguna manera cabe sólo en dos o tres.