Jacqueline Peschard
La Crónica
01/07/2020
Al presidente López Obrador le incomodan mucho los organismos constitucionales autónomos, pero tiene una particular animadversión hacia el INE y el INAI porque sostiene que son muy caros y que no han cumplido las funciones que la sociedad les ha encomendado. Ni hay elecciones limpias y confiables, ni la transparencia ha servido para disminuir la corrupción.
AMLO sabe y sabe muy bien que, desde 1996, el IFE/INE ha organizado elecciones libres, equitativas y competidas que han garantizado la integridad del voto y hemos sido testigos de alternancias constantes en la Presidencia de la República con gobiernos sin mayoría en el Congreso y en la gran mayoría de las entidades federativas, salvo en cinco estados, se han experimentado alternancias en sus gubernaturas. El presidente sabe también que desde 2003, el IFAI/INAI ha activado el derecho de las personas a saber y conocer qué decisiones toman las autoridades y cuántos recursos invierten en ellas y el mecanismo para lograrlo ha permitido que académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil realicen investigaciones que han detectado importantes desvíos de recursos públicos como en los casos de la Estafa Maestra o los de varios gobiernos estatales.
Para el Presidente hay sola una vara doble para medir la calidad de las instituciones: ¿cuánto cuestan? y si están bajo su línea de mando o no. Por ello, a la menor provocación, manifiesta su rechazo a los organismos autónomos, declarando que buscará reformarlos para reintegrarlos a la administración pública federal.
El Presidente sostiene que las elecciones mexicanas son las más caras del mundo, pero, a pesar de ello, no han impedido el fraude y si él ganó en 2018 fue gracias a la enorme movilización que activó. AMLO parece ignorar la cantidad enorme de controles que el INE coloca para asegurar que las boletas y las credenciales para votar sean inviolables, para que los funcionarios de casilla sean imparciales, con una doble insaculación, y para que los partidos y los ciudadanos vigilen el desarrollo de las elecciones, para asegurar que ningún actor político intervenga y mucho menos el Presidente. Los corifeos que se hacen eco de la animadversión presidencial han llegado a afirmar que un grupo de académicos se apoderó del INE (sic), olvidando que los consejeros electorales son nombrados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, lo cual, en el pasado requirió siempre del acuerdo entre diferentes partidos políticos, porque ninguno tenía dicha mayoría calificada.
Hay que recordar que el INE está vigilado por varios flancos: por un contralor interno independiente, nombrado por la Cámara de Diputados; por la ASF que audita sus finanzas y por el Tribunal Electoral (TEPJF) que puede revisar cada uno de los acuerdos de su Consejo General. Y algo muy semejante sucede con el INAI que también tiene un contralor independiente, justamente por su carácter autónomo y que es fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.
Hay dos maneras de ahogar a una institución: 1) reduciendo drásticamente su presupuesto para obstaculizar su funcionamiento adecuado, o imponiéndole a su personal técnico-especializado un tope salarial fijado arbitrariamente -por el salario presidencial- y 2) aprovechando el foro nacional cotidiano de las “mañaneras” para desprestigiarlas unilateralmente para ir generando en el imaginario social la idea de que no son útiles y, en cambio son muy onerosas.
Pero, ¿es posible explicar el encono presidencial hacia el INE y el INAI sólo por lo que le cuestan al erario -mil millones de pesos en el caso del INAI y $11,421 millones en del INE, incluidos los 5,239mil millones del financiamiento a los partidos-, además de que el 30% de su presupuesto se destina a emitir la credencial de elector?
Más allá de un posible cálculo político detrás de la reprobación, con objeto de preparar el terreno para un reclamo por un eventual resultado electoral adverso al partido gobernante en 2021, el encono hacia estos organismos constitucionales autónomos se explica porque fueron creados para desarticular al hiperpresidencialismo de la época autoritaria del partido hegemónico.
El INE y el INAI no se acomodan bien a las pretensiones de AMLO de edificar un nuevo hiperpresidencialismo, fuertemente personalizado. Pero, el de hoy que se distingue del viejo porque antes Estado y gobierno se identificaban y, para el régimen del PRI, un gobierno fuerte era necesariamente parte de un Estado fuerte, aunque de carácter autoritario. En cambio, hoy, el proyecto de reforzar al poder presidencial no está asociado a la idea de un Estado fuerte que hace mucho que ya no incluye solamente a los tres poderes en los tres niveles de gobierno, sino a todo el entramado de organismos constitucionalmente autónomos que tienen la misma jerarquía normativa que los tres poderes clásicos.
Frente al embate, lo que les toca a estos organismos es en primer lugar defender su autonomía y profesionalismo, pero no como defensa a ultranza, sino reforzando los mecanismos para someterse al mayor escrutinio posible tanto de los entes fiscalizadores, como de los ciudadanos y la sociedad civil organizada. La integridad de una institución no puede darse por sentada de una vez para siempre; tiene que probarse reiteradamente. Construir confianza es un proceso difícil, en cambio, es muy fácil perderla de un solo golpe.