Fuente: La Crónica
Ciro Murayama
Con el respaldo de los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 17 entidades federativas de México han modificado sus constituciones para definir que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Con tales cambios se cancela o cuando menos se limita de forma severa la posibilidad de que las leyes locales de salud permitan la interrupción del embarazo y, en el extremo, siguiendo la nueva letra de las constituciones locales, que dicha interrupción pueda considerarse un asesinato, con las sanciones penales que ello implica, contra las mujeres que se tomen esa decisión extrema y el personal médico que las asista.
La regresión es tan grave que Naciones Unidas ha alertado sobre el tema. Coincidiendo, esta semana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) calificó a las reformas aludidas como actos de “violencia estructural contra los derechos de las mujeres” (El Universal, 25-11-09).
Dichas reformas constitucionales, literalmente reaccionarias en tanto reaccionan a la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que se aprobó en el Distrito Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, coinciden plenamente con la visión que sobre el mundo, la salud y los derechos de la mujer tiene la Iglesia católica, la cual impulsa en América Latina a agrupaciones que se dicen defender “los derechos del no nacido” y que en otras latitudes, como en España, están en plena cruzada frente a una reglamentación más precisa y segura en materia de interrupción del embarazo.
La no distinción entre temas de moral privada y problemas de salud pública, a la que se suma la pretensión de que el Estado se convierta en brazo ejecutor de lo que desde la perspectiva religiosa son conductas incorrectas, que caracterizan a la Iglesia, también definen la postura del gobernante Partido Acción Nacional en México y explican porqué el PAN sigue siendo incapaz de tener un compromiso explícito e inquebrantable con el Estado laico en pleno siglo XXI. Muestra de ello fue que, con base en sus creencias personales y no en las responsabilidades públicas que le confiere su investidura, el presidente Calderón, a través del Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar la interrupción del embarazo en la capital del país.
Pero en la ola de contrarreformas que se vienen sucediendo estos meses y semanas no puede deja de sorprender el apoyo del PRI, partido que gobernó México durante siete décadas y que, con todo, supo mantener definiciones legales y políticas públicas independientes y hasta contrarias al dictado de la influyente Iglesia católica. Baste recordar, por ejemplo, la importante política de planificación familiar en la década de los años setenta del siglo pasado.
Ahora el PRI, sin embargo, vota con el PAN o bien promueve por cuenta propia, en los congresos donde es mayoría, la penalización de la interrupción del embarazo. Eso, a pesar que el artículo 10 de la declaración de principios del PRI, aprobada apenas el año pasado establece: “Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío”. ¿Y no es un acto de parcialidad institucional, así como una intromisión desde un credo religioso y un dogma sobre el libre albedrío de las mujeres referente a su maternidad el penalizar la interrupción del embarazo?
El artículo 25 de la misma declaración de principios del PRI dice: “Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres”. Pues hay que decir a los priistas que de acuerdo con lo que establece la ONU, las reformas que ellos y ellas impulsan en los congresos locales vulneran la equidad de género y producen violencia contra las mujeres.
Este veloz corrimiento del PRI a la derecha y en esta materia ocurre cuando ese instituto político es presidido por Beatriz Paredes, quien declara que el tema de la interrupción del embarazo “divide a la sociedad y polariza el ambiente” por lo que ella se mantiene al margen (La Jornada, 26-11-09). La dirigente del PRI insiste en que en este tema cada legislador de su partido actúa en función de su conciencia personal, pero es evidente que el “no tener postura” mientras avanza, con los votos de su partido, una legislación similar a la que impulsaron en Nicargua, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando como condición para el respaldo de la Iglesia al regreso de Ortega al poder, es una clara toma de postura política. Y es factible preguntarse si no tiene la misma motivación que en el caso del malogrado país centroamericano.
Parafraseando a Stieg Larsson o más bien a la traducción al español de su primera novela, los priistas son unos más de los que no amaban a las mujeres. Quizá sea momento de acudir ante la Internacional Socialista a solicitar la exclusión del PRI por su apoyo a medidas que atentan contra los derechos de la mujer, de la misma manera en que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo expulsó al PVEM cuando éste respaldó introducir la pena de muerte en nuestra legislación.