María Marván Laborde
Excélsior
05/03/2015
Prácticamente ha terminado el proceso de selección de candidatos. Entre el 22 y el 29 de marzo tendrán que quedar registrados ante el INE. El instituto se ha dado a la tarea de crear un micrositio dentro de su página para invitarlos a subir los datos más importantes de su currículum vitae.
Me parece una gran herramienta que debe estar encaminada a propiciar el acercamiento entre ciudadanos y candidatos. Los electores podrán conocer de manera sencilla el nombre y la trayectoria de las opciones específicas para cada distrito. No se trata sólo de apoyar a un partido sino de verdaderamente elegir un representante que la ciudadanía considere digno de serlo.
En las elecciones de 2012 el IFE hizo un primer esfuerzo. El éxito fue magro, sólo 22% de los postulantes aprovechó esta oportunidad. Hace tres años, los partidos alegaron que no había manera de obligarlos a exponer sus respectivas biografías políticas porque no estaba mandatado por ninguna ley. Entonces, como ahora, tenían toda la razón.
La semana pasada el INE con la UNAM organizaron un coloquio en el que presentaron la plataforma y acudieron autoridades de Colombia y Canadá a compartir sus experiencias y costumbres. En Colombia la responsabilidad de dar a conocer la hoja de vida y revisar que los candidatos no tengan cercanía con actividades ilícitas, lo que comprende desde corrupción hasta narcotráfico, es compartida con los partidos. Cuando los ciudadanos o los medios descubren que un candidato miente y/o participa de acciones ilícitas se castiga al candidato o diputado electo y al partido, en el Parlamento se queda su silla vacía. Con base en esta norma un grupo ciudadano ha desarrollado un sitio de internet, precisamente con este nombre, que se encarga de vigilar y poner a disposición del público los datos relevantes de la oferta política.
En Canadá el partido es también el encargado de hacer un fortísimo escrutinio de cada postulante a una candidatura. Hay que llenar, bajo protesta de decir verdad, un amplio cuestionario de intereses, experiencia laboral, negocios y actuaciones en el pasado del candidato, su cónyuge y sus dependientes económicos, tienen la obligación de revelar todo aquello que pudiera poner al partido en una situación de riesgo. Con base en ello el partido determina si lo postula o no, en caso afirmativo se hace corresponsable. Si el candidato mintió, partido y candidato son sancionados, éste último puede llegar hasta la cárcel.
El INE hace, simultáneamente un servicio a postulantes y electores. Depende de la decisión de cada candidato o candidata darnos a conocer los datos más relevantes de su trayectoria. Los votantes que quieran abrirán el sitio para informarse, lo importante es que la opción existe y es sencilla.
No me parece una desventaja que no haya una disposición legal que les obligue a subir su CV, por el contrario, es un acierto que los legisladores no hayan querido engrosar más nuestro muy barroco marco normativo con una obligación más. Ya tenemos suficiente experiencia con el triste cumplimiento de aquellas obligaciones que los partidos se autoimponen sin convicción. ¡Cuántas veces se limitan al cumplo y miento!
A la hora del registro cada candidato recibirá una clave y un manual para que cada quien se haga responsable de subir su propia información. El hecho de que el ejercicio sea voluntario libera al INE de toda responsabilidad de lo que cada aspirante a representante escriba. Si la medida fuese obligatoria el INE tendría que contratar un ejército que se pusiera a revisar la veracidad de la información vertida. Todos los partidos sobrecargarían, aun más, al INE y al Tribunal Electoral con acusaciones fundamentadas o no, sobre imprecisiones o francas mentiras.
Es mucho mejor que sean la sociedad y los medios de comunicación los que revisen la información y la crucen con otros elementos conseguidos vía Google o la Ley de Transparencia. ¿Podrá inspirar confianza alguien que ha mentido como candidato? Ojalá que aquellos que están dispuestos a mentir, se sientan en la libertad de mejor no subir su información. Dejemos que los posibles electores interpreten su silencio como mejor les plazca. Menos obligaciones y más ética podrían ser útiles en nuestro deteriorado sistema político-electoral.
Ayer, en estas mismas páginas, María Amparo Casar nos hacía una lista, a manera de ejemplo, de personas que aparecen impresentables, pero que los partidos decidieron darles el beneficio de una candidatura. Los electores merecemos el derecho de investigar si hemos de favorecerlos con nuestro voto. El derecho a saber comienza por conocer los datos básicos de su trayectoria.
El INE abrirá el espacio Candidatas y candidatos, conócelos. Es una oportunidad de acercamiento que aprovecharemos algunos, sería bueno que en cada uno de los 17 estados se replicara el ejercicio para conocer candidatos locales. Que se quede como un ejercicio de honor y respeto por el elector.