Jacqueline Peschard
El Universal
13/04/2015
Hay un clamor generalizado para que se sancione de manera ejemplar y contundente al Partido Verde. Pero ¿quién debe decidir si se le cancela o no el registro?
A lo largo de los últimos cinco meses, el partido del tucán ha violado sistemáticamente la ley electoral y, no contento con ello, ha desacatado las resoluciones de las autoridades electorales de retirar su campaña anticipada, sus tarjetas de descuento, o sus promocionales, disfrazados de informes de sus legisladores.
La gravedad de sus probadas infracciones ha llevado al Tribunal Electoral a imponerle entre el 3 de marzo y el 8 de abril pasados, diez diferentes multas que alcanzan la suma de 185.6 millones de pesos y ha dispuesto que se le cobren, reduciendo en 50% su financiamiento ordinario que este año es de $323 millones. Empero, las sanciones económicas no parecen haber inhibido las trampas y el comportamiento ilegal del Verde.
Los flagrantes abusos del PVEM han llevado al PAN a presentar una queja formal ante el INE, para que el Consejo General dicte un acuerdo para cancelarle el registro legal como partido. Esta demanda coincide con la de un grupo de académicos y activistas que en el portal change.org han logrado reunir más de 55 mil firmas para que se le quite al Verde el derecho a participar.
Es cierto que tanto la Constitución (art. 94) como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (art. 456) establecen que el Consejo General del INE puede cancelar el registro de un partido por incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones de la normatividad electoral, especialmente en materia de origen y destino de los recursos. Pero, ¿es pertinente que por vía de un acto administrativo se elimine a un partido de los comicios, siendo que es derecho de los electores decidir qué partidos los representan? ¿No deben ser únicamente los ciudadanos quienes determinen si una organización política cuenta o no con el respaldo necesario (hoy 3% de la votación) para mantener el registro legal?
En mi opinión, demandar que la autoridad cancele el registro al Verde es fomentar que decisiones administrativas se impongan por encima de las prerrogativas de los electores; es, ni más ni menos, que trastocar los fundamentos mismos de la representatividad. Son los electores quienes deben determinar si una corriente política tiene o no el respaldo de la ciudadanía, esto es, si sus postulados doctrinarios y programáticos logran cierta implantación en la sociedad y si su conducta o trayectoria merece o no el aval de los votantes.
De acuerdo a nuestra normatividad vigente, los partidos se incorporan a las lides electorales si cumplen ciertos requisitos como tener un respaldo ciudadano de 0.26% del padrón electoral, distribuido regionalmente y con presencia en asambleas distritales o estatales, a partir de lo cual la autoridad otorga un registro inicial. Éste sólo sirve para darle oportunidad a la organización política de probarse ante el electorado, de demostrar que es capaz de atraerse el favor de los votantes y alcanzar la confirmación como partido. Es prerrogativa irrenunciable de los ciudadanos decidir en cada elección quiénes merecen permanecer como partido, es decir, qué corrientes de opinión tienen al menos el 3% de representatividad.
Si de lo que se trata es de impedir que el Verde siga violando la normatividad, la autoridad electoral debe explorar sanciones más eficaces, que realmente frenen sus trapacerías. Estoy pensando, por ejemplo, en reducir significativamente sus tiempos de campaña en medios electrónicos.
En todo caso, el hecho de que sea una prerrogativa ciudadana despojar o no a un partido de su registro, nos obliga a los electores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad frente al sistema de partidos que tenemos.