Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
02/11/2020
La ineptitud del gobierno para enfrentar la pandemia no solamente condujo a limitar las pruebas de Covid, descuidar el abasto de productos médicos y menospreciar el empleo del cubrebocas. La estrategia oficial, si es que se le puede llamar así, ha incluido la ausencia de indicaciones y de medidas claras, completas y eficaces para que la sociedad se mantenga en casa, evite las aglomeraciones y, sobre todo, haga un empleo sistemático del cubrebocas.
Desde el comienzo de esta pandemia que llegará al año sin que haya soluciones cercanas, el presidente López Obrador ha eludido el diseño de una política de Estado. La desprotección de las empresas y los trabajadores, a quienes se dejó al garete de sus propias posibilidades, junto con la cancelación de los recursos para ciencia y cultura, entre tantas otras ignominiosas decisiones recientes, confirman la orientación neoliberal que este gobierno ha impuesto, o ha reforzado, en la economía.
Lo mismo sucede en la relación con los ciudadanos. Estamos ante el despliegue de un neoliberalismo social que deja en manos de cada persona, o de cada familia, la manera como se defienden ante la pandemia. Con ese comportamiento, que no procura evitar que los contagios se extiendan, el presidente y sus colaboradores privilegian el individualismo sobre la responsabilidad y la acción colectivas.
Así como para la economía el neoliberalismo supone la preponderancia de las corporaciones privadas, el descuido de la política social y el repliegue del Estado, el neoliberalismo social reivindica el desplazamiento de la solidaridad por el interés —o los caprichos— de cada individuo. El aciago espectáculo que hemos visto en días recientes, con miriadas de personas que abarrotan las calles de nuestras ciudades en muchos casos no para cumplir con obligaciones laborales ni para atender urgencias sino por el catártico gusto de salir de sus casas, es resultado, en parte por lo menos, de esa indolencia de Estado en la conducción de la pandemia.
Se puede considerar que el desbordamiento de multitudes reacias a mantener encierro alguno y que desafían al virus colmando avenidas, restaurantes o atrios de iglesias charlando sin cubrebocas, es parte de una idiosincracia nacional. Algo hay de eso y para comprender esa imbricación de desparpajo e imprudencia tendríamos que desempolvar textos canónicos como Fenomenología del relajo. Jorge Portilla recuerda la carencia de solidaridad (desolidarización, le llama) que hay en el alboroto y la estridencia de quienes no cumplen normas que benefician a la sociedad. O habría que acudir al siempre iluminador Laberinto de la soledad en donde Octavio Paz dice que, en la fiesta, la sociedad se disuelve, “se ahoga en sí misma en su caos o libertad original”. Las fiestas religiosas suponen que no hay más valor que el de quienes celebran: se pueden bloquear calles, o tirar cohetes, sin tomar en cuenta que esas acciones incomodan a otras personas.
Decir que así somos los mexicanos, o que esa es la conducta del pueblo sabio y bueno, resulta inaceptable para justificar la inacción del Estado, particularmente en la situación de emergencia que impone la pandemia. Al presidente López Obrador le gusta reivindicar esas costumbres pero, cuando implican perjuicios para el conjunto de la sociedad, el ensalzamiento de tales actitudes es una forma de connivencia con la irresponsabilidad.
El gobierno, respecto de la pandemia, ha favorecido el neoliberalismo social por lo menos de tres maneras. En primer término, con el rechazo a las evidencias científicas. Cuando el subsecretario López Gatell desprecia la utilidad del cubrebocas y cantinflea sobre ese tema y sobre todo, cuando el presidente López Obrador defiende los despropósitos de ese funcionario, definen una política de salud contraria a las recomendaciones médicas más acreditadas. No hay día que no se publiquen artículos académicos que demuestran el contagio aéreo del virus y, por lo tanto, la pertinencia del cubrebocas. López Gatell simplemente ni los lee ni los oye. El presidente, a su vez, justifica la irracional aversión personal que le tiene al cubrebocas.
El gobierno promueve el neoliberalismo social, en segundo término, al negarse a difundir medidas como el empleo del cubrebocas y antes que nada, con la reticencia del presidente a predicar con el ejemplo utilizándolo él mismo. Al rechazarlo, López Obrador y sus funcionarios más cercanos han favorecido una perjudicial politización del cubrebocas.
En tercer lugar, y esta es la omisión que resulta más polémica, el gobierno se ha rehusado a que el uso del cubrebocas en espacios públicos sea obligatorio, o a impedir la concentración innecesaria de personas. El discurso oficial sostiene que tomar medidas restrictivas como esas implicaría atentar contra los derechos humanos. Se dice también que en una democracia no se deben restringir libertades individuales. Y en tercer lugar, el presidente y sus colaboradores sostienen que esas conductas no deben ser resultado de la coacción sino del convencimiento de los ciudadanos, en ejercicio de su responsabilidad.
Con ese discurso, el gobierno profundiza la ausencia del Estado en la regulación de la pandemia y favorece, así, el neoliberalismo social. Los derechos humanos no son cancelados cuando se toman decisiones para limitar la expansión de una epidemia. Por supuesto, es preciso garantizar que cualquier medida de emergencia esté claramente reglamentada y no sirva como pretexto para coartar expresiones de discrepancia o para favorecer políticamente al gobierno. En abril pasado, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a cargo de Michelle Bachelet, manifestó con motivo de la pandemia que “los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia. En cualquier caso, es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo”.
No estamos sugiriendo la instauración de un estado de emergencia pero sí queremos recordar que para enfrentar situaciones como esta existen pautas legales, tanto en el derecho internacional como en nuestra Constitución. Sin embargo el presidente López Obrador, con tal de mantener una conducción personal —y, a juzgar por los resultados, negligente— de la pandemia, se negó a seguir procedimientos constitucionales como el que dispone que las medidas en una epidemia de esta índole debe tomarlas el Consejo de Salubridad General. Ese organismo pudo haber dispuesto la obligatoriedad del cubrebocas en espacios públicos, junto con una intensa campaña de explicación y persuasión.
La sociedad ha carecido de la orientación y la información que el Estado tiene la obligación de proporcionarle. En vez de ello, se ha querido justificar la ausencia de lineamientos con el pretexto de que la responsabilidad en la pandemia debe ser consecuencia de la decisión personal de los ciudadanos. Las libertades individuales son esenciales, pero sostener que están por encima del interés público resulta de un falso dilema. Si un individuo anda por las calles disparando una ametralladora, evidentemente infringe la ley por mucho que él diga que ejerce su libertad de tránsito. De la misma manera, desperdigar virus y contagiarse son conductas que perjudican a otras personas y por eso es pertinente que estén restringidas con dos medidas muy elementales: cubrebocas y limitaciones a la presencia en espacios públicos.
Con el mismo desentendimiento de sus responsabilidades básicas, el gobierno desatiende el abasto de medicinas, demora la autorización de medicamentos que pueden paliar efectos de la Covid-19, deja sin recursos la atención a enfermos graves. Todo ello, junto con la resistencia del presidente para tomar decisiones eficaces, propicia que cada quien, como pueda, se defienda de la pandemia. Muchas de las víctimas del coronavirus se habrían evitado si no fuera por ese neoliberalismo social, resultado de la irresponsabilidad y el ofuscamiento. Al contraponer intereses individuales con el bienestar colectivo, el gobierno promueve la insolidaridad entre los ciudadanos.
Van más de 91 mil muertos, según los datos oficiales —que hay que multiplicar por 2.5—. Mientras tanto, el presidente López Obrador se somete a una “limpia” en el patio de Palacio Nacional.
Los ciudadanos no tienen por qué allanarse al neoliberalismo social que practica el gobierno. Ante la postulación del individualismo y la insensatez, hay que reivindicar el respeto a los otros y el compromiso colectivo para enfrentar a la pandemia. La solidaridad más elemental, en esta circunstancia, es utilizar cubrebocas. Y cuidarnos.
ALACENA: Víctimas de la soberbia
Un estudio de la Universidad de Stanford ha estimado que, tan sólo 18 de los mitines de campaña del presidente Donald Trump, ocasionaron 30 mil contagios y 700 muertes adicionales por Covid-19. La ignorancia y la soberbia se han conjugado para que tampoco ese presidente promueva el uso del cubrebocas.