Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
08/04/2021
La incipiente democracia mexicana tiene en el Instituto Nacional Electoral (INE) su núcleo institucional. La construcción de un órgano electoral independiente del Gobierno fue el elemento central del pacto político que dio fin al monopolio político del PRI y garantizó que fueran los votos los que determinaran la distribución del poder. Hoy ese desarrollo institucional, clave en la construcción de un orden social pluralista, corre el riesgo de ser arrasado por un golpe autoritario justificado en un pretendido apoyo mayoritario.
Nunca como ahora había estado en riesgo el principal avance en la transformación del Estado mexicano en un espacio de coaliciones, con un ejercicio del poder acotado temporalmente, donde ningún grupo controle por completo los espacios de decisión y dónde todos los actores tengan incentivos para volver a jugar con las mismas reglas, sin tentaciones para recurrir a la violencia o para patear la mesa y tirar los trastos.
A lo largo de la historia constitucional de México, la falta de legitimidad electoral fue la fuente central del conflicto político. Desde que en 1828 Vicente Guerrero desconoció el resultado electoral y decidió resolver el litigio con la movilización de su hueste para forzar al Congreso a nombrarlo Presidente a pesar de que había perdido en votos electorales, los comicios fueron en México un campo de batalla no por los votos sino por el control de la organización de las elecciones. Cuando finalmente la coalición liberal y republicana se hizo con el control territorial, una vez derrotada la intentona imperial de los conservadores, el prócer triunfante, Benito Juárez, usó su ascendencia política para garantizar elecciones a modo. A partir de entonces, el fraude electoral fue un mecanismo institucional informal para garantizar mayorías legislativas y gobernadores dóciles que no obstaculizaran el poder autocrático del caudillo civil. Pronto, los mecanismos de control electoral serían la clave de la ficción aceptada con la que se legitimó la dictadura del caudillo militar Porfirio Díaz.
Emilio Rabasa, descarnado crítico del fracaso de la Constitución de 1857, justificaba la institucionalización del fraude electoral con el argumento de la imposibilidad de elecciones libres y competitivas dadas las condiciones sociológicas de un país en la que el voto universal real aparecía como un imposible: “Si dos o más partidos libres se disputaran el triunfo, no lucharían por obtener los votos de los ciudadanos, sino para imponer los agentes para el fraude, y alcanzaría la victoria el partido que cometiera mayor numero de atentados contra las leyes”. De ahí que fuera preferible el control centralizado de la superchería electoral, el fraude organizado por el propio Gobierno, con lo que “los verdaderos ciudadanos han comprendido su inferioridad irremediable de escasa minoría y han abandonado su inútil derecho”. (Rabasa, 1912. La Constitución y la dictadura).
La Constitución de 1917 también fracasó desde la primera vez en que se debió resolver la sucesión presidencial de acuerdo con sus reglas. Después del golpe fundacional de los sonorenses con el Plan de Agua Prieta, las elecciones de la siguiente década fueron esencialmente el escenario de disputas por imponer los agentes del fraude y las victorias electorales reflejaban la capacidad de las redes de clientelas para hacer más trampas que sus oponentes. El pacto de 1929, del que nació el PNR, primera forma del partido único, significó el restablecimiento del control centralizado de los procesos electorales. A partir de entonces, como en el Porfiriato, la contienda política se centró en la decisión de las candidaturas oficiales, no en la competencia por los votos.
Después de a crisis electoral de 1940, resuelta con una gran manipulación de los resultados, al grado de minimizar la votación de la coalición opositora, la legislación electoral de 1946 se diseño para formalizar el control gubernamental de los resultados electorales. La creación de la que en su forma madura se denominaría Comisión Federal Electoral como dependencia de la Secretaría de Gobernación convertiría al órgano encargado de las elecciones en juez y parte interesada de la competencia y anuló por completo cualquier posibilidad de derrota de las candidaturas oficiales. Ese sistema abusivo llegó a su límite con las elecciones de 1988.
La crisis política desatada por la manipulación del resultado de aquella elección, operada por Manuel Bartlett, hoy personaje conspicuo de la coalición del Presidente, detonó un proceso de nuevo acuerdo, materializado en una serie de pactos sucesivos, primero limitados al PRI y al PAN y después ampliados al PRD, partido del que López Obrador fue figura central. En 1996 se concretó la autonomía constitucional del órgano electoral y se establecieron las reglas que, finalmente, permitieron la existencia de elecciones libres, transparentes, con garantías para que ningún actor pudiera controlarlas de manera facciosa. A partir de entonces, López Obrador ha sido el único contendiente relevante que ha desconocido el arbitraje electoral.
El actual Presidente de la República arrancó su carrera opositora bajo el manto de la resistencia contra el fraude electoral en la secuela tabasqueña de la elección de 1988, pero hoy demuestra que su compromiso democrático no ha sido más que de fachada. En 2006, contra toda evidencia demostrable, clamó fraude y la emprendió contra el entonces Instituto Federal Electoral. Como Guerrero en 1828 intentó revertir por la fuerza el resultado legal. Fracasó, pero logró reformas relevantes que supondrían su aquiescencia futura a las decisiones de la autoridad electoral. Sin embargo, incluso cuando con el mismo conjunto de reglas logró el triunfo, lo atribuyó a que había logrado detener el fraude con una votación masiva, no a la justeza del arbitraje.
López Obrador ha mostrado que no es un demócrata. No entiende a la democracia como un arreglo en el que las mayorías son fluidas y temporales, sino como un instrumento para establecer la tiranía electiva. De ahí que le estorben las elecciones como mecanismo para reconfigurar coaliciones y para limitar temporalmente al poder. Hoy él encabeza de nuevo la andanada contra el INE, pero lo hace desde la Presidencia de la República.
Cuánto hubieran deseado los demócratas que se enfrentaron al autoritarismo priista un órgano electoral que no fuera complaciente con el Gobierno, que no se doblara ante las violaciones a la ley. Hoy Morena, el partido del Presidente, impulsa sin ambages una campaña de amedrentamiento contra el INE. El inefable dirigente del partido oficial, Mario Delgado, dedica más tiempo a atacar al árbitro electoral y a boicotear la organización electoral que a respaldar sus propias candidaturas. En 2006 me tocó que las huestes iracundas de López Obrador nos encerraran a los trabajadores del IFE con su plantón. Eran entonces oposición. Hoy lo hacen desde el poder, lo que vuelve más ominoso su actuar.
La estrategia de Morena es, evidentemente, la dictada por López Obrador: Delgado busca el choque contra el INE para distraer de sus enormes problemas intestinos, cuando abundan las acusaciones de imposición en la selección de candidaturas y echándole la culpa al árbitro de los problemas generados por su incumplimiento de la ley y el desaseo de sus procesos internos.
Como en el siglo XIX y como en los tiempos del régimen del PRI, hoy el principal enemigo de la democracia es el propio Gobierno que debería garantizarla.