María Marván Laborde
Excélsior
19/02/2015
La reforma constitucional que podría dar lugar a un sistema anticorrupción está en una fase crítica. Tiene verdaderos impulsores y francos detractores repartidos en todas las fuerzas políticas. Es indispensable que en estos días sus impulsores encuentren la manera de ponerse de acuerdo entre sí. Son muchos los que están muy cómodos con el statu quo y aparentan interés poniendo piedras en el camino para evitar reforma alguna. Pomposamente les llaman tácticas parlamentarias.
Por lo pronto, es necesario reconocer que las discusiones han sido fructíferas. Hay dos grandes transformaciones en el discurso público que vale la pena hacer notar porque marcan un antes y un después en la forma en la que se pretende acometer el problema.
La primera transformación conceptual está en la transición de un enfoque punitivo a la búsqueda de una aproximación que realmente atienda las causas sistémicas que permiten que la corrupción suceda y, además, quede impune; el primer objetivo no es encarcelar a los culpables sino evitar eficientemente que estos existan. La corrupción tiene que volverse la excepción porque el sistema la previene.
La segunda transformación importante es el reconocimiento de que no hay corrupto sin corruptor. Cada acto de corrupción tiene al menos dos beneficiarios: aquél que desde la iniciativa privada corrompe y el funcionario público que recibe el beneficio. En este sentido, hace algunos días hubo una declaración clave del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, reconoció públicamente que los empresarios son el 50% del problema y, por tanto, están obligados a ser parte de la solución. Un auténtico sistema anticorrupción debe prevenir y castigar en ambos lados de la cadena.
Afortunadamente se han desechado dos ideas que resultaban preocupantes. Primero, desaparecer la Secretaría de la Función Pública y, segundo, centralizar las funciones en una sola agencia. La evidencia de experiencias en otros países demuestra fehacientemente que los zares anticorrupción son propios de sistemas autoritarios y tienen desastrosos resultados, se convierten fácilmente en instrumentos de persecución política y, con ello, sólo agravan los problemas que pretenden solucionar.
Quienes promovemos desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil la construcción de un sistema anticorrupción buscamos que varias instituciones tengan responsabilidades específicas que se complementen entre sí. Cuando confluyen diversas instituciones se dificulta la cooptación política. Se busca establecer un sistema de controles institucionales que genere un nuevo equilibrio de pesos y contrapesos.
El sistema anticorrupción que está a discusión supone un entramado institucional donde la colusión entre instituciones sea, si no imposible, por lo menos mucho más complicada.
Se plantea la coordinación entre cuatro instituciones que buscarían prevenir, detectar, investigar y, en su caso, castigar la corrupción. Es necesario acabar de regresar jurídicamente a la Secretaría de la Función Pública, fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, crear la fiscalía anticorrupción (como parte de la Fiscalía General de la República) y echar a andar un verdadero tribunal con capacidad de juzgar a corruptos y corruptores.
Desde luego, habría que crear una instancia de coordinación de todas las piezas del rompecabezas que, además de servir de mutua exigencia, tuviera como mandato legal aprender de la experiencia y emitir recomendaciones legales y prácticas que evitaran la sistemática reproducción de los hechos de corrupción. Sugerencias legales, cambios normativos, formas y procedimientos que dificulten la tentación de conseguir beneficios personales en contrataciones públicas, etcétera.
El sistema propuesto no es una ocurrencia, retoma las mejores prácticas que han probado funcionar en otras partes del mundo. La politóloga Alina Mungiu-Pippidi comprobó, a través de estudios comparados, que lo que sirve es precisamente la conjunción de estos elementos (https://docs.google.com/file/d/0B7-TdfyQxQ9tMVBaRjV0c0daNUk/edit)
Añade la autora otro elemento esencial que hasta hace poco considerábamos que en México era prueba superada: Una ley fuerte en materia de transparencia y acceso a la información con una autoridad independiente. Por eso es tan preocupante que esta ley esté atorada desde hace más de dos meses en el Senado y que el consejero jurídico esté negociando cómo debilitarla. Más preocupante, la exclusión de la sociedad civil (Mauricio Merino, El Universal, 18/II/15).
Literalmente estamos viviendo momentos críticos entre quienes buscan mantener las cosas como están y las fuerzas honestamente reformadoras que, al parecer, son minoría dentro de sus respectivos partidos. Si no avanzamos con una buena reforma constitucional no importará mucho si el costo lo paga tal o cual partido, uno u otro personaje, la sociedad sería la gran perdedora con este retraso. La reforma constitucional es sólo un primer paso; es indispensable darlo pronto y en la dirección correcta.