Fuente: El Universal
Luis Emilio Giménez Cacho
Entre los habitantes de la ciudad de México y regiones aledañas prevalece desde hace décadas una molestia generalizada por las condiciones en que Luz y Fuerza del Centro presta el servicio público de energía eléctrica. La historia es vieja y las sucesivas administraciones de esa empresa pública han fracasado hasta hoy en mejorar las cosas. Este fracaso contrasta con la mejoría notable que ha registrado en los últimos años la otra empresa pública que presta el servicio en el resto del país, la Comisión Federal de Electricidad.
Con frecuencia se divulgan informes indicativos de que detrás de los inconvenientes que soporta el ciudadano de a pie se oculta la debilidad financiera y operativa de la empresa eléctrica, que succiona recursos públicos desproporcionados, y un rezago escandaloso en términos de productividad. En ese triste escenario está presente desde siempre un actor singular: un sindicato de fuerte personalidad, bien organizado, con una intensa vida política interna, hecho a los procedimientos democráticos y con una independencia que contrasta con la grisura dominante en el medio laboral. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hoy por hoy el sindicato más antiguo del país. Y uno de los que ostentan el discurso más radical.
En estos días el SME se halla en alerta máxima y movilizado a tope. El ambiguo requisito administrativo de la “toma de nota” de los comités sindicales que corre a cargo de la Secretaría del Trabajo acaba de operarse para desconocer la validez de unas elecciones cerradas en las que por el escaso margen de 352 votos habría resultado reelecto el señor Martín Esparza como secretario general del SME. La Secretaría del Trabajo, luego de dos meses de un polémico proceso de consultas dictaminó el 5 de octubre la negativa de toma de nota invocando contradicciones documentales y deficiencias de forma que, a su parecer, ponían en duda la limpieza de la elección. A su vez, la planilla que resultaba perdedora impugnó los comicios e inició un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El manejo del diferendo pone en evidencia, de nueva cuenta, las deficiencias del sistema de justicia laboral que nos legó el autoritarismo. Verificar la calidad de una elección democrática y, en su caso repetirla, debería ser relativamente sencillo. Pero en México es un expediente tortuoso y poco confiable. Todo está armado de modo que el poder ejecutivo pueda manipular políticamente los registros de directivas sindicales y las resoluciones de la Junta de Conciliación. No es raro que los experimentados líderes del SME, tras dos meses de gestionar la “toma de nota”, hayan percibido que el trámite se había tornado en instrumento de agresión contra su sindicato.
Ahora sabemos que no andaban errados. El sábado 10 de octubre sorpresivamente se hizo pública la resolución presidencial que decreta la extinción de Luz y Fuerza del Centro. También sabemos que en aquel intenso lunes en que las autoridades laborales negaron a los líderes la toma de nota, se reunió también la Comisión Intersecretarial de Gasto, Financiamiento y Desincorporación para dictaminar la extinción de la empresa.
Quienes simplifican la problemática de Luz y Fuerza para achacarle al sindicato todos los males, habían lanzado en esa semana una campaña de desplegados y comentarios de prensa proclamando el irritado ¡Basta ya! que pide mano dura al gobierno a nombre de la ciudadanía y el combate a los monopolios. Ahora podemos inferir también que esas voces de la llamada sociedad civil estaban bien sintonizadas.
Como ya le es característico, el secretario del Trabajo asumió desde el inicio un tono rijoso alejado de la posición del conciliador de una disputa intersindical. Su acento era el de las soluciones autoritarias. Ha sucedido ya otras veces, y muy recientemente en el caso del Sindicato Minero, que alguien crea que el fracaso del entendimiento político puede suplirse, sin costos, con la irrupción de la autoridad en las decisiones de los trabajadores sindicalizados mediante una “toma de nota” arreglada. Además de violatoria de derechos consagrados, esa fórmula puede resultar catastrófica, ahora que se entiende el peculiar sentido justiciero de las autoridades del trabajo.
Pero al presente tenemos algo más preocupante. El gobierno ha concluido que los complejos desacuerdos que han entrampado ciertas decisiones en materia de energía y servicio eléctrico pueden empezar a resolverse con un golpe de mano.
Es cierto que pese a otros aspectos sindicales dignos de encomio, hoy en día hay poco que defenderle a la política del Sindicato Mexicano de Electricistas. Su radicalismo verbal en la defensa de los bienes de la nación difícilmente encubre su resistencia a asumir responsable y solidariamente los cambios que requería Luz y Fuerza para ser una empresa pública sustentable. No es por ello un sindicato bien acreditado en la sociedad. Pero la autonomía sindical es un bien preciado de los sindicatos genuinos y si la autoridad del Trabajo trata de vulnerarla muchos más de los que se piensa pueden quedar al lado del SME en este diferendo. La liquidación de Luz y Fuerza nos coloca por ello ante un escenario de consecuencias imprevisibles.
Habrá quien festine. Pero todo indica que para satisfacer intereses de una versión unilateral de las políticas de servicio eléctrico, se ha tomado la ruta mala. Las campañas antisindicales en la prensa, la negativa de personalidad a sus dirigentes y la retención de las cuotas de los trabajadores sugieren un intento de acoso al SME que puede ser catastrófico en las condiciones sociales del aquí y ahora.
Sociólogo