Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
19/06/2023
Los precandidatos hacen como que no son aspirantes presidenciales. Los dirigentes de Morena hacen como que no tienen precampañas, sino la elección de un “coordinador” que no está previsto en sus Estatutos. El presidente de la República hace como que no es él quien toma las decisiones en ese partido. La autoridad electoral hace como que intenta aplicar la ley. La oposición queda entrampada entre la realidad de una competencia iniciada por el partido oficial fuera de los tiempos legales y la obligación de cumplir con las normas electorales.
Los medios de comunicación hacen como que el proceso de selección en Morena no es una abierta violación legal, sino un imaginativo método para designar a su candidato presidencial. Numerosos comentaristas encomian a López Obrador como si fuera un genio de la imaginación política, sin advertir que miente y simula para encubrir un procedimiento ilícito. Medios y militantes festejan el proselitismo de los aspirantes, fingiendo que la candidatura presidencial morenista será definida con encuestas y no a partir de la decisión de un solo, autócrata elector.
La gran ficción promovida por López Obrador y disciplinadamente desplegada por los presuntos interesados en sucederlo atrae, confunde y abruma en esa feria de las apariencias. La mascarada en Morena es propalada sin contexto, y por lo general sin cuestionamientos, en prensa y medios electrónicos. La fuerza política de ese partido y la propensión a la espectacularidad que subyuga a casi todos los medios, normalizan un proceso ilegal.
Las rencillas dentro de Morena y la presencia de una oposición que no crece pero se mantiene con posibilidades competitivas, precipitaron la urgencia de López Obrador para adelantar la designación de su candidato. En vez de consultar a los ciudadanos, como hace cuando busca legitimar una determinación suya, resolvió que haya encuestas de metodología incierta que refrendarán su decisión. A López Obrador, no le importa el marco jurídico cuando no se ajusta a sus propósitos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 226, indica que cuando haya elección presidencial, como la que tendremos en 2024, “las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección”. Uno de los rasgos de la equidad en la competencia electoral es la existencia de plazos idénticos, y por eso obligatorios, para todos los partidos.
La regulación de las precampañas es un tema debatible. Algunos personajes políticos hacen proselitismo años antes de que se designe la candidatura a la que aspiran y resulta imposible regular esas expresiones. Pero, por otro lado, hay que tomar en cuenta que las precampañas, cuando las organiza un partido político, se hacen con recursos públicos cuyo ejercicio tiene que ser igual para todos. Por eso existen tiempos y formas legales para las precampañas.
Aunque es un asunto que será pertinente revisar algún día, hoy la legislación marca esas pautas y, además, indica sanciones graves para quienes no las cumplan. El mismo artículo 226 dice, más adelante: “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”. Esa disposición se mantiene en la reforma legal que hace algunos meses promovieron Morena y López Obrador.
El presidente y su partido violentan las normas que ellos mismos impulsaron. Con razón el ex consejero electoral Ciro Murayama ha explicado que en toda competencia, por ejemplo en los deportes, “una salida en falso, arrancar de forma adelantada a los demás competidores, es ilegal y se penaliza, incluso, con la descalificación” (Reforma, 16 de junio).
Ese es el dilema en el que se encuentra hoy la autoridad electoral. López Obrador y su partido eluden la ley con el subterfugio de que no están eligiendo candidato presidencial, sino un “coordinador” de su movimiento. La abundante y costosa propaganda de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán López, que son los precandidatos más notorios, indica que se trata de aspirantes presidenciales.
La Comisión de Quejas del INE respondió a varias denuncias contra el proceso de elección en Morena con una tímida recomendación que, en la práctica, es una guía para que los precandidatos en ese partido sigan quebrantando la ley. El asunto tendrá que ser examinado en el Consejo General del propio INE y luego, por el Tribunal Electoral. Mientras más demoren, más habrá avanzado la ilegal mascarada de Morena y más graves serán sus consecuencias.
Sin duda no es fácil, para las autoridades electorales, resolver que el partido oficial está infringiendo la ley y menos aún sería inhabilitar a Sheinbaum, Ebrard y López (el de Gobernación) como candidatos presidenciales. Pero, si aplican la ley, los consejeros y magistrados electorales no tendrían otro camino. Se trata de un escenario difícil e incierto pero al que se tiene que llegar, ya sea que se cumplan o esquiven las disposiciones legales, de manera inevitable.
La ilegalidad de Morena, AMLO y sus candidatos, es un desafío para consejeros y magistrados electorales y, también, para la oposición. Las precampañas del partido oficial incrementan la desventaja de quienes compitan con él en las votaciones de junio. Si la alianza PAN-PRI-PRD inicia su propio proceso de selección, también infringiría la ley y copiaría las trampas de Morena. Si no avanza en la designación de su candidato presidencial, la oposición seguirá rezagada.
Una posibilidad, en el filo de la legalidad, sería la realización de elecciones primarias no de los partidos, sino de las organizaciones sociales interesadas en respaldar un candidato opositor. Cuando, de acuerdo con la ley, llegue el momento para que tomen su propia decisión, los partidos de esa alianza tendrían que asumir el resultado de la consulta ciudadana. Para eso se requiere una visión estratégica y una amplitud de miras que no se advierte aún en toda la oposición partidista.