Mauricio Merino
El Universal
07/01/2015
El diario Reforma exhibió esta semana un video en el que se muestra al secretario de Administración del ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, exigiendo dinero a un proveedor a cambio de los contratos otorgados por el municipio. Tras el escándalo, el funcionario fue cesado “temporalmente” por el alcalde que lo designó, quien a su vez se deslindó de la conducta de su colaborador. Pero a la luz de la experiencia, no habrá ocurrido nada más.
El episodio concluirá tan pronto como sea olvidado por los medios, cuando la contraloría interna del municipio lo proteja con papeles y trámites firmados y cuando el expediente quede ahogado entre la enorme pila de asuntos atendidos por el ministerio público local —si es que alguien presenta la denuncia—, mientras los funcionarios se van a disfrutar de los dineros obtenidos, cobijados por la desmemoria y por el océano de casos similares que suceden cada día en nuestro país. Y aunque el partido que gobierna el ayuntamiento de El Marqués —el PAN— reaccionó ante la presión mediática anunciando el inicio de un procedimiento de expulsión del acusado, no sería raro que al cabo de unos meses este mismo individuo aparezca sentado en el mismo puesto que ocupaba o en otro similar, ejerciendo su experiencia en los negocios turbios.
Las lecciones que nos deja este pequeño caso son, sin embargo, útiles: 1) la corrupción es atendida de inmediato si (y sólo si) se convierte en escándalo mediático con pruebas contundentes; 2) los responsables de atenderla no reaccionan por el caso en sí, sino por los daños políticos que les produce; 3) la reacción consiste en cargar todo el peso al acusado que salió en los medios (cesarlo, expulsarlo y, si fuera necesario, apresarlo), pero: 4) no hay vías institucionales autónomas para modificar las causas del desfalco, dado que la investigación la hará la contraloría interna del ayuntamiento; 5) el alcalde que nombró al corrupto por su cercanía, conveniencia o amistad, no pagará más costos que los de su imagen rota; y 6) la oscuridad y la complejidad de los procedimientos que auspician estos casos seguirá reproduciéndose con otros nombres y contratos. Basta este botón de muestra: al abrir la página del ayuntamiento involucrado en el escándalo aparece la siguiente nota: “La información financiera del 2014 está en proceso de actualización ya que el municipio se encuentra en pleno proceso de Armonización Contable”.
De existir un tribunal de cuentas nacional y autónomo, habría una instancia donde denunciar el caso, no sólo para exigir que de veras se investigue, sino para modificar los procedimientos y las decisiones que produjeron la oportunidad de corrupción, a riesgo de que, en caso de no acatar las decisiones, el propio ayuntamiento pagaría las consecuencias. De existir un Sistema Nacional de Fiscalización autónomo y consolidado, el órgano superior de fiscalización de Querétaro estaría facultado y obligado a revisar las cuentas de El Marqués en tiempo real y auditar sus compras de inmediato. De existir una Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción autónoma y de alcance nacional, no habría necesidad de interponer denuncia, pues ésta tendría que actuar de oficio sobre la conducta del funcionario balconeado. Y de existir un Sistema Nacional de Control y Auditoría internas, coordinado por la Función Pública y los gobiernos estatales, el escándalo mediático ya no le pegaría sólo a un funcionario oscuro de un municipio conurbado, sino a los responsables de imprimir orden y legalidad a la administración pública de México.
De esto trata el Sistema Nacional Anticorrupción que el gobierno federal no ha querido liberar. Quizás porque, de existir como queremos, ese sistema no actuaría solamente sobre funcionarios de la tercera división, sino sobre todos los servidores públicos que empleen su puesto para acrecentar ilegalmente su patrimonio personal.