Fuente: El Universal
Ricardo Becerra
Es posible simplemente posible que en los días ulteriores al parto presupuestal inicie en el Congreso de la Unión otra gran discusión, una nueva ronda para revisar las normas electorales. Ya desde junio, el Senado adelantó un balance preliminar de la reforma; por su parte, el consejero presidente del IFE anunció recientemente la elaboración de un “libro blanco” balance de la implementación de la reforma construida por la propia autoridad electoral; diversas instancias internacionales (IIDH-CAPEL, OEA, IFES, etcétera) han presentado sus propios pliegos analíticos; instituciones públicas (como el Tribunal Electoral) han auspiciado otros tantos exámenes, y partidos, actores públicos y privados algunos muy importantes se han pronunciado por un remozamiento al edificio electoral construido el año 2007.
Suponiendo que ese ánimo reformista se difunda en el Congreso y si hubiera que intervenir con una cirugía puntual, ¿cuáles son las incisiones obligadas? ¿Qué aspectos del modelo constitucional merecen cambiar para preparar mejor las elecciones presidenciales por venir? A mi modo de ver, estas son las cuatro áreas de la operación:
En primer lugar: la administración de los tiempos de radio y televisión debe dotarse de mayor flexibilidad, simplificando su concepto y sus procedimientos. El esquema que obliga a transmitir, como en cascada, 96 spots por cada señal al aire, todas las veces, durante 157 días, entreteje una camisa demasiado apretujada frente a la versatilidad y novedad que necesita la competencia electoral.
No se trata de renunciar al principio esencial (que la propaganda electrónica de los partidos cruce únicamente por los tiempos del Estado), este me parece un principio irrenunciable; pero cosa muy diferente es instrumentarlo merced a un cartabón repetitivo. En este sentido hay dos medidas a tomar: permitir la acumulación de los tiempos bajo criterios claros, y diversificar las formas en que se emiten los mensajes partidistas. Podemos voltear a Colombia, a Francia tal vez, países que con auspicio del Estado despliegan mensajes de inicio y fin de campaña en cadena nacional, de cada partido, además de obligar a debates programáticos para la información y el contraste del electorado (R. Dworkin, Principios para un nuevo debate político, 2007). El punto crítico se resume en dos verbos: flexibilizar y simplificar, para multiplicar la eficacia de las campañas de todos los partidos y facilitar la administración de la competencia política.
Número dos. El Procedimiento Especial Sancionador (PES) ha demostrado ser el conjuro del brujo que no puede detener ya las potencias infernales que él mismo desató. En lugar de ser ese instrumento ideal para la justicia electoral expedita, se convirtió muy pronto en herramienta de propaganda basada en la queja de la propaganda ajena. En una elección reñida y friccionada, esta dinámica queja en respuesta a la queja del contrario acaba provocando un contraproducente desgaste institucional y una aburrida discusión pública sobre criterios estrambóticos.
Los datos son irrecusables. Al amparo del PES, el de 2009 se volvió el proceso más litigioso de la historia, con mil 26 quejas inundando el escenario, las mismas que debieron cursar a la velocidad de cinco días y que provocaron la inaudita cifra de ¡88 sesiones! del Consejo General (300% más que en 2006) durante 321 horas de deliberación de un cuerpo colegiado metamorfoseado a juez. Esta carga inédita no sólo enemista todos los días a los partidos con el árbitro electoral (en un pleito siempre hay uno que gana y otro que pierde y alguno maldice al IFE), sino que además se convierte en fuente permanente de disenso institucional al interior del instituto y frente al Tribunal Electoral.
Por todo eso y más, razonablemente, creo que los juicios sobre las quejas deben cursar fuera de reflectores, en órganos en los que no estén los mismos que se quejan o que son acusados y, por tanto, más imparciales, y elaborados por profesionales en la resolución de litigios. Ya que las salas regionales del Tribunal Electoral son permanentes, bien podrían ser ellas las depositarias de primera instancia de las controversias entre partidos, propiciando una certeza jurídica mayor y cancelando la tentación de convertir a la justicia electoral en un instrumento de la propaganda propia.
Categóricamente: el recuento de votos de la elección 2009 fue el más escrupuloso y transparente de la historia. Fueron reabiertos paquetes completos en 19 distritos del país y, de manera parcial, en otros 203. Este ejercicio de verificación ocurrió ante los ojos de todos (partidos, observadores, funcionarios, medios de comunicación, etcétera) con lo que fue posible computar, voto por voto, 42 mil 620 casillas, es decir, una tercera parte del total.
El IFE debe hacer toda esta tarea en el plazo fatal de cinco días porque dos mecanismos incluidos por la reforma de 2007 así lo obligan. Uno de esos dispositivos debe replantearse: el recuento total cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor que la cantidad de votos nulos. Este mecanismo automático abonó en la publicidad de los resultados, pero dilató la incertidumbre y, sin que nadie lo pidiera, ralentizó la oportunidad en la entrega de resultados; por eso el dispositivo de recuento debe dispararse sólo a petición de parte y con causales más precisas.
Y finalmente: el IFE arrastra con una maldición organizacional desde su fundación, pues debe aumentar el número de casillas, el número de ciudadanos a capacitar y, con ello, toda la infraestructura logística, en cada proceso electoral. Hace 20 años, el IFE instaló 87 mil casillas, pero en el proceso de 2009 la cifra ascendió a casi 140 mil. Esto ocurre porque la ley ata la organización electoral al factor más dinámico de la sociedad mexicana: su demografía. Si las cosas siguen así, para el año 2021, el IFE deberá instalar 170 mil casillas y capacitar a casi 15 millones de mexicanos. En tales condiciones, el IFE es condenado a requerir de más y más recursos para montar una infraestructura creciente. Que la determinante de organización electoral recaiga, ya no en la demografía, sino en la geografía, en un estudio preciso que acerque las casillas al elector sin necesidad de una infinita expansión. Se trata de un cambio puntual, pero de grandes consecuencias.
Hay otras cosas por hacer, por supuesto (como replantear la duración y el contenido de las etapas, precampaña e “intercampaña”; desarrollar con puntualidad las conductas que deben ser sancionables informes de funcionarios públicos, infomerciales, propaganda integrada; razonar y precisar los fantasmales, “actos anticipados de campaña”), pero con toda su complejidad, las lecciones de 2009 están ahí, para quien quiera verlas.
La reforma del año 2007 constituyó una revolución copernicana en la manera de concebir y practicar una campaña electoral moderna en México. Para que sobreviva, para que se vuelva el clima del ecosistema político, necesita algunas dosis de sensatez, versatilidad, sencillez y flexibilidad. Creo que ahí está la clave, para durar.
Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (www.ietd.org.mx); jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE. Sus opiniones no necesariamente reflejan la postura de esas instituciones.