Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
18/01/2021
En el peor momento, tenemos el presidente más irresponsable. Los hospitales están saturados, médicos y enfermeras se encuentran más fatigados que nunca, conseguir oxígeno es viacrucis diario para millares de familias, las vacunas siguen siendo quimera y el gobierno carece de un plan organizado y viable para aplicarlas con rapidez, en pocos días las cifras oficiales llegarán a 150 mil fallecimientos por Covid.
Mientras tanto el presidente López Obrador se enfrenta con los organismos autónomos del Estado y calumnia a varios de sus funcionarios, defiende a Donald Trump de la exclusión que dispusieron las redes sociodigitales y anuncia que el gobierno mexicano creará su propia red, a diario contamina el espacio público con imposturas y ocurrencias, en las conferencias matutinas incluso hay caricaturas que el titular del Ejecutivo mira complaciente y ajeno a la realidad.
La disociación entre Palacio Nacional y el resto del país resulta gravísima. Mientras todo México padece la peor crisis de salud en un siglo, el discurso presidencial se ocupa de otros asuntos. Cuando López Obrador se refiere a la pandemia lo hace con ignorancia y descuido. Su insistencia en despreciar la gravedad de esta crisis de salud es ofensiva con las familias de los fallecidos debido al virus y de muchísimos más que han enfermado por esa causa.
El presidente habla de vacunas que todavía no están listas para la producción masiva, como se dijo en esta página hace dos semanas. Las cuentas que hace con la disponibilidad de esos medicamentos no tienen sustento, al menos a partir de la información disponible. No hay cómo vacunar entre febrero y marzo, como anunció el presidente, a todos los mayores de 60 años que son alrededor de 16 millones. Luego dijo que sería en abril. La sociedad no sabe en qué fechas ni cuántas vacunas llegarán en los próximos meses. El gobierno federal clasificó como confidencial esa información que es del mayor interés público.
Escondidos los datos sobre las vacunas contra el Covid 19, tampoco se conoce con detalle cuándo y cómo serán aplicadas. En vez de acudir a la red nacional de vacunación que durante varias décadas llegó a ser uno de los mejores logros de nuestro sector salud, el gobierno improvisa un tinglado clientelar, de funcionamiento discrecional y en buena medida ilegal.
En las 10 mil brigadas que según se dice aplicarán las vacunas, médicos y enfermeras estarán subordinados a los llamados “servidores de la nación” que en 2018 hicieron trabajo electoral para Morena y ahora gestionan el acceso a programas sociales casa por casa. La supeditación a esas personas politiza la vacunación. Ese proceso tendría que ser organizado por el Consejo de Salubridad General y el Consejo Nacional de Vacunación.
La Ley General de Salud establece que la erradicación de enfermedades prevenibles mediante vacunación debe ser definida con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación. Ese organismo debe ser integrado por los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, por los directores del IMSS y el ISSSTE y por el secretario del Consejo de Salubridad General entre otros funcionarios y, además, por cuatro secretarios de Salud de los estados. Con tal de no involucrar a los responsables de la salud en los estados, el gobierno federal incumple con la ley también en ese aspecto.
Como resultado de esa ideologización de las vacunas, su aplicación se realizará primero en zonas rurales remotas. Lo más adecuado sería vacunar antes que nada en las grandes ciudades en donde la densidad de contagios —y por lo tanto de víctimas— es mucho mayor. Sin embargo una suerte de populismo médico —o populismo sin adjetivos— ha conducido a comenzar la vacunación en sitios remotos. Con ello no se atiende primero a los pobres, como pretende López Obrador. Los más pobres en las ciudades son quienes están padeciendo en peores condiciones la extensión de la epidemia.
El gobierno podría apoyarse en el sistema de salud, en las universidades que han ofrecido su infraestructura, en la sociedad organizada y en las empresas grandes que no regatearían colaboración alguna porque la vacunación nos interesa y conviene a todos. A los estados y municipios ni siquiera se les avisa cuándo y cómo llegarán los grupos de vacunación. Estamos ante una autoritaria y antidemocrática centralización de un proceso literalmente vital para el país y que debiera desplegarse en red, con la participación de todos porque se trata de la salud de todos.
La vacunación podría ser la gran oportunidad para cohesionar a los mexicanos. No existe una causa que interese a todos de manera tan vehemente. Un presidente con madera de estadista habría convocado a todos los que puedan ayudar, mientras más participación sería mejor para el país. Por todo el mundo hay países en donde la vacunación es organizada con inteligencia y sin exclusiones, el Estado coordina y colaboran todos los que pueden. Incluso en Estados Unidos, en donde la zafiedad de Trump ha ocasionado grandes estragos, las vacunas son aplicadas en cadenas de farmacias y en hospitales privados.
En México el gobierno federal, al menos hasta ahora, impide que gobiernos estatales y empresas de salud privadas compren vacunas en el mercado internacional. Mientras más vacunas tengamos y mientras más pronto estén disponibles será mejor para todos. Pero el gobierno federal, en vez de privilegiar el interés público, quiere obtener réditos electorales con las vacunas. Eso implica traficar políticamente con la vida de las personas.
Empeñado en anteponer su agenda política y sus obsesiones, el presidente López Obrador no enfrenta a la epidemia como una auténtica urgencia nacional. Habla y habla todos los días de los más variados temas con frivolidad y sinsentidos que revelan una profunda insensibilidad o una alarmante ignorancia sobre la devastación que nos ha traído la pandemia.
López Obrador, ya se sabe, abomina los contrapesos que el Estado mexicano ha creado ante el otrora omnipotente poder presidencial. Combate a los organismos autónomos porque no están bajo su control y significan obligaciones de transparencia, decisiones independientes y expertas para las telecomunicaciones, elecciones equitativas, entre otras cosas. Las arengas contra el INAI manifiestan su apego a la incultura del secreto en la que tanto se amparó el régimen político mexicano durante demasiado tiempo y que fue reemplazada por la obligación de informar y rendir cuentas. López Obrador mantiene en la opacidad decisiones tan cruciales como la contratación de las vacunas y el plan detallado para aplicarlas.
La campaña contra el Instituto Nacional Electoral expresa la intolerancia del presidente con las normas constitucionales que le imponen respeto y distancia en relación a las campañas electorales. Las conferencias de prensa matutinas son un instrumento de propaganda. Por eso el Tribunal Electoral instruyó al INE para que definiera los parámetros dentro de los cuales el presidente puede mantener sus alocuciones sin violar la Constitución. En cumplimiento a esa prescripción los consejeros electorales acordaron que el presidente, así como los gobernadores y funcionarios públicos, deben abstenerse de formular expresiones “de naturaleza electoral” (prerrogativas y vida interna de los partidos, candidaturas, frentes y alianzas, encuestas de intención de voto, entre otros temas).
La obligación de los funcionarios para silenciar en público sus opiniones sobre los procesos electorales es cuestionable pero así está en la ley, tanto en la Constitución como en las interpretaciones del Tribunal Electoral. Esa taxativa se debe a una historia política repleta de abusos e inequidades políticos. El INE y sus consejeros tienen, a su vez, la obligación de hacer cumplir tales normas. Pero el presidente destina horas y horas a despotricar contra organismos autónomos como el electoral. No le interesa la ley, sino erosionar la organización de las elecciones de junio y, de paso, desviar la atención sobre la discrecionalidad con la que organiza la aplicación de las vacunas.
En lugar de actuar con sensatez y racionalidad —ya no se diga con responsabilidad y generosidad— el presidente ha impuesto un mecanismo clientelar, politizado y demagógico para la vacunación nacional. Piensa en una cruzada en donde sus brigadistas, intrépidos y resueltos, recorren el país llevando la refulgente bendición de la vacuna. No es aventurado suponer que con esa cruzada López Obrador espera que los mexicanos, agraciados con la vacunación, exclamen “¡gracias, Señor Presidente!”.
Ojalá que las vacunas lleguen pronto, en grandes cantidades, y sean aplicadas con diligencia y eficacia. Sin embargo la imprecisión y el desorden que se advierten en la organización de esa enorme tarea, la ya señalada politización que se hace con las vacunas, la carencia de información, el manejo centralizado que el presidente se empeña en mantener e incluso las disputas entre funcionarios suyos sobre el mérito de tal proceso, permiten avizorar un terrible desbarajuste. Ojalá que la vacunación sea rápida y plena. De no ocurrir así, ese puede ser el Waterloo del presidente López Obrador.
ALACENA: El desengaño de López Austin
Reconocido hace unas semanas con el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el historiador Alfredo López Austin cuestiona la “forma de gobierno unipersonal” del presidente López Obrador. “Quisimos llegar a una democracia y no lo hemos logrado”, considera en primera persona del plural y se dice “decepcionado con el régimen actual”. No hay diálogo, “lo que tenemos es un monólogo”. Refiriéndose al presidente y sus conferencias matutinas, López Austin dice que está ausente “el respeto al que no opina como yo”. El historiador fue entrevistado por Elena Poniatowska para La Jornada de ayer domingo.