Jacqueline Peschard
La Crónica
24/02/2021
Al presidente López Obrador no le gustaron los datos que difundió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el fin de semana pasado, porque mostraron serias irregularidades y deficiencias en la revisión de la Cuenta Pública de su primer año de su gobierno. Empero, lo más sorprendente fue que el auditor superior respondiera al enojo presidencial, echando abajo los datos sobre las multimillonarias pérdidas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, calculadas en más de 330mil millones de pesos -232% más que el cálculo oficial-, pero sobre todo, desacreditando la propia metodología utilizada para auditar. Fue una rectificación insólita y vergonzosa, con graves consecuencias para la credibilidad de la cabeza del sistema de fiscalización del país.
La fiscalización es un trabajo técnicamente muy complejo que se desarrolla a través de auditorías diversas sobre los programas de las dependencias y entidades, en este caso, del gobierno federal y que deriva en informes muy elaborados que contienen observaciones y recomendaciones para mejorar el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, es muy grave que, menos de 24 horas después del reclamo presidencial sobre las cifras que afirmó, “malinforman a los adversarios”, el titular de la ASF se retractara de lo publicado, poniendo en entredicho no es sólo su integridad personal, sino la del mismo ente fiscalizador.
La rectificación inmediata de David Colmenares no sólo abordó el caso del NAICM, sino que también se refirió a las conclusiones de su Informe sobre las auditorías a la SFP que, en su calidad de cabeza de la contraloría interna de la administración pública federal, es su mancuerna en el Sistema Nacional de Fiscalización. El mencionado Informe reveló que, al pretender auditar a los órganos de vigilancia y control de la Secretaría, la ASF se había topado con resistencias de parte de los funcionarios para entregar a los auditores la información necesaria para acreditar si se habían desarrollado adecuadamente los mecanismos de control interno que son su competencia.
De nueva cuenta, unas horas después del enfado presidencial sobre el mencionado Informe, el auditor superior reculó, afirmando que sí habían contado con la colaboración de la SFP y que habían identificado irregularidades en los procesos de contratación de algunos servidores públicos. Con su disculpa, despejó la renuencia del vigilante interno a ser vigilado.
La relevancia de esta tercera entrega del Informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2019 fue poner énfasis en los proyectos de infraestructura y en los programas sociales insignes del presidente López Obrador. El mencionado reporte de fiscalización señala que el Tren Maya y Dos Bocas son proyectos poco rentables; que las adjudicaciones de contratos de obra son opacas y que las obras se iniciaron antes de tener los permisos ambientales y de factibilidad social y económica. Además, la consulta indígena para el Tren Maya dejó fuera a más de la mitad de las comunidades en Yucatán y, en la refinería de Dos Bocas, no se consideró el riesgo de inundaciones y la obra se inició de manera apresurada, sin certeza de que se concluya en la fecha programada. Todo ello hace que las cifras de gasto comprometido ascendieran en 2019, a 1500 millones de pesos.
Respecto de dos de los programas sociales consentidos del presidente López Obrador, el Informe de la ASF señala que encontró múltiples irregularidades, por más de $126 millones de pesos, en Jóvenes Construyendo Futuro, donde se carece de mecanismos de control para verificar los datos tanto de los jóvenes beneficiarios, como de los centros de trabajo en los que reciben capacitación. El reporte identificó a 68 personas fallecidas que recibieron la beca por un monto de 5 millones y centros de trabajo auditados que son inexistentes, así como 377 jóvenes favorecidos con la beca que no recibieron capacitación alguna.
Algo semejante se encontró en el caso de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, orientadas a dar acceso educativo a familias con problemas económicos y de exclusión social. Ahí, las irregularidades alcanzan la cifra de 264 millones de pesos, además de que hay 72 muertos cobrando la beca para estudiar y 347 beneficiarios carecen de documentos soporte que los acrediten para dicho programa.
Un mal diseño y múltiples deficiencias encontró la ASF en el programa Sembrando Vida cuyo propósito es que personas en localidades rurales con ingresos por debajo de la línea de bienestar cuenten con recursos para hacer productiva la tierra. Sin embargo, hay deficiencias en el padrón de beneficiarios y no se entregan los apoyos a tiempo, ni se respetan los montos que deben distribuirse.
Los datos de la reciente entrega del Informe sobre la Cuenta Pública 2019 ocuparon el centro de la discusión pública, en buena medida por el cúmulo de irregularidades y deficiencias en los proyectos y programas consentidos del gobierno federal, pero esa debe de ser justamente la labor de la ASF para promover correctivos y mejoras en la gestión gubernamental. Lo verdaderamente escandaloso no son las fallas administrativas detectadas, sino las rectificaciones del auditor superior, porque revelan su sometimiento al Jefe del Ejecutivo, anulando las funciones de control y vigilancia que tiene encomendadas.