Mauricio Merino
El Universal
16/09/2015
No todas las designaciones que hizo el secretario de Gobernación el 9 de septiembre fueron criticadas. Algunas fueron incluso motivo de esperanza, como la de Ricardo Bucio en la Secretaría Ejecutiva del mecanismo que buscará proteger a niñas, niños y adolescentes, tras haber conducido por casi seis años el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pero las buenas y las regulares quedaron opacadas por la mala: la de Arturo Escobar y Vega en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
La lectura publicada de ese nombramiento ha sugerido varias hipótesis para explicarlo: el pago de una deuda electoral adquirida por el gobierno mexicano con el Partido Verde; el costo de la aprobación del presupuesto de egresos para el siguiente año y/o su apoyo legislativo para iniciativas posteriores; el consagrado oficio oportunista de los dirigentes de ese partido, con un gobierno que necesita aliados en estas horas críticas; o las tres anteriores. Pero en ninguna de esas hipótesis se mencionan, ni remotamente, las cualidades personales del ungido.
Y es que a diferencia de los otros nombramientos —y de la apreciación que cada uno de ellos merezca en el imaginario público— el de Arturo Escobar ha sido visto como una concesión a un grupo, pues es imposible suponer que el flamante subsecretario actuará con plena autonomía del partido en que milita. De modo que la percepción generalizada es que no se nombró a Escobar, sino al Partido Verde. Y este dato no puede pasar inadvertido para Gobernación.
Menos aún, cuando entre las funciones que hoy recaen en ese conocido personaje están —por poner algunos ejemplos tomados del reglamento interior de la Secretaría— la de `auxiliar en la conducción de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo federal con las organizaciones sociales y civiles y con las agrupaciones políticas nacionales y locales con el objeto de fortalecer el Estado de derecho y el fomento cívico`; o la de: `Desarrollar programas y realizar acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la política democrática; la cultura cívica y la promoción de los valores y principios democráticos; la cultura de legalidad y la tolerancia; así como para incrementar los niveles y la eficacia de la participación ciudadana en el proceso de transformación política e institucional, el fortalecimiento del Estado de derecho; la consolidación de la paz social y el respeto a los derechos de terceros, como valor fundamental de convivencia`.
Me pregunto si antes de tomar la decisión —en Bucareli o en Los Pinos— alguien habrá notado la ironía de hacer cumplir esas funciones al personaje que representó al partido más cuestionado y sancionado del proceso electoral apenas concluido, precisamente por negar los valores democráticos. Y me pregunto, también, si no hubo nadie en las oficinas decisivas con suficiente sentido de la participación social —esa misma que dice promover el reglamento interno de Gobernación— para advertir del agravio que produciría ese nombramiento entre los sectores políticamente activos del país.
Comprendo que el gobierno debe establecer y consolidar alianzas estratégicas. Hacerlo es parte de sus obligaciones principales. Pero sucede que la Subsecretaría entregada al Partido Verde está precisamente diseñada para cumplir esa tarea, en aras de ensanchar la cultura democrática de México, con el respaldo del mayor número posible de instituciones, organizaciones y personas a lo largo y ancho del país. ¿O acaso se pensó que entregarle esa oficina al partido que jugó de `policía malo` en las elecciones anteriores le ayudaría a limpiar la cara? Si así fue, el cálculo estuvo mal planteado: si alguien comenzaba a olvidar los despropósitos del Verde, este nombramiento nos hizo recordarlos, subrayándolos. Mala cosa para la cultura cívica de México.