Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
10/12/2015
De todas las partes que integran el barroco sistema electoral pactado en 1996, la penal ha sido la más débil. Los delitos en esta materia establecidos en el Código Penal Federal rara vez han sido realmente perseguidos por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, creada supuestamente para cerrarle paso a la impunidad que históricamente ha caracterizado a la operación fraudulenta de los comicios en México.
Los sucesivos titulares de la fiscalía han usado el puesto más para tratar de escalar en sus carreras políticas que para hacer verdadera justicia. Raros han sido los casos de consignaciones ante un juez y desde luego nunca se había tocado con el pétalo de una rosa a ningún dirigente u operador político relevante, a pesar de que no han faltado casos conocidos de conductas tipificadas claramente en el Código Penal Federal cometidas por prácticamente todos los partidos.
La impunidad casi absoluta de los delitos electorales ha permitido la subsistencia de prácticas deleznables, como la compra directa de votos y la distribución de regalos entre los electores, a pesar de su ineficacia relativa comparada con otras formas más modernas y menos reprobables de ganar adeptos. Los partidos recurren a las conductas ilegales porque tienen recursos que no saben gastar de otra manera y porque saben que cuando mucho serán acreedores a sanciones económicas pagadas con los mismos fondos públicos que reciben, pero ninguno de sus dirigentes acabará en la cárcel por ello.
Lo mismo ocurre con la utilización de los programas públicos con fines electorales: los funcionarios del Estado, que le deben el puesto a los políticos y no a sus méritos, desvían clientelarmente los recursos a su cargo para quedar bien con sus protectores y para avanzar en su carrera, seguros de que nadie los va a castigar. Así, rutinas acedas e ineficaces, por la dificultad de garantizar el cumplimiento del contrato clientelista, se mantienen y cubren con un manto de arcaísmo a las contiendas electorales mexicanas.
El supuesto partido verde se ha especializado en jugar en el filo de la navaja de la legalidad. Poco le importan las sanciones económicas impuestas por el INE, pues el botín que consigue a través de los cargos de elección obtenidos es mucho más jugoso que lo que puede perder en multas, mientras sus dirigentes saben que nada arriesgan. También los tres partidos mayores mantienen en sus repertorios estratégicos conductas tipificadas como delitos sin temor alguno. La fiscalía supuestamente encargada de consignar a la justicia esos casos es vista como irreal, mera simulación.
La FEPADE ha dedicado tradicionalmente los recursos de su presupuesto a hacer campañas publicitarias supuestamente preventivas pero notablemente ineficaces por el lado de los partidos —los electores, en cambio, han aprendido a votar en libertad y muchas veces reciben la dádiva mientras votan por quien les da la gana—. Así, más que fiscalía, ha sido una agencia de publicidad fallida, sin ministerios públicos realmente especializados y sin la legitimidad para actuar con verdadera independencia.
De ahí que fuera especialmente notable que el fiscal actual, Santiago Nieto, a contracorriente de la tradición, llevara hasta sus últimas consecuencias la averiguación previa contra Arturo Escobar, el conspicuo dirigente del Verde que fue premiado por sus servicios al PRI con la subsecretaría de prevención en Gobernación. Por primera vez en casi veinte años, un fiscal de delitos electorales ha consignado ante un juez, después de una investigación que imagino acuciosa, a un alto dirigente político, pero en lugar de ser reconocido por su trabajo, como suele ocurrir en las democracias avanzadas, donde los fiscales gozan de reconocimiento social, Nieto ha recibido una embestida de descalificaciones, una campaña de acoso —al grado que en mucho medios se le ha pintado a él como el delincuente por una supuesta falta en todo caso bastante menor— y, finalmente, el juez le ha negado la orden de aprehensión solicitada.
La andanada de los plumíferos a sueldo ha sido despiadada. De pronto, cuestionan la independencia del Fiscal por haber sido asesor de un partido, cuando a ellos mismos les parecía hace apenas unas semanas que ser Senador con licencia no inhabilitaba a Raúl Cervantes para ser ministro de la Suprema Corte. La desproporción de la campaña de linchamiento público contra Santiago Nieto sólo refleja la ira de quienes no están dispuestos a que exista un auténtico fiscal electoral independiente. Ni hablar, desde luego, de que en estas condiciones pueda existir un fiscal anticorrupción con capacidad real de actuar contra los altos cargos.
La campaña orquestada contra el primer fiscal que se atreve a actuar en un caso evidente de delito electoral donde está implicado un alto dirigente partidista es muestra de la descomposición ética de una parte del periodismo mexicano y de la subsistencia de las viejas prácticas de comunicación de la época clásica del régimen del PRI. Espectáculo vergonzoso que pinta claramente la calaña de los vociferantes.
Si Santiago Nieto fracasa en su intento de procesar a Arturo Escobar, la independencia del ministerio público seguirá siendo una asignatura pendiente para la construcción de un sistema de justicia legitimo ante la sociedad.