Ricardo Becerra
La Crónica
23/05/2023
94 Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas, acudimos ayer ante la Suprema Corte de Justicia para presentar dos alegatos: que se mantenga la suspensión de los cambios legales que promueve el llamado “plan B” electoral del gobierno y a demostrar, artículo por artículo, capítulo por capítulo, la flagrante contradicción de ese plan frente a la Constitución de la República.
Desde noviembre del año pasado, cuando el presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar -no la ley, sino la propia carta magna- esas organizaciones nos reunimos para entender sus implicaciones, su carácter, gravedad y consecuencias; fuimos parte de la convocatoria y de quienes desfilamos en las dos grandes movilizaciones, de ese noviembre y de febrero del 2023. Seminarios, reuniones y un foro internacional.
Como es obvio, la preocupación continúa: ahora con el intento de reforma legal que está impugnado por centenas de instrumentos y litigios y a los que ahora nosotros concurrimos: proveer de argumentos adicionales a la Corte para que no permita la destrucción, una colisión entre seis leyes hechas a las carreras y la Constitución.
Asociaciones de los más diversos orígenes, de tendencias hasta encontradas, de las más diversas causas, de varios estados del país, convergen en la defensa del sufragio auténtico y del Instituto Nacional Electoral como organizador y piedra angular de la democracia mexicana. Entre ellas, Práctica Democrática, Voto por el Clima, México Unido contra la Delincuencia, Nosotrxs, La Red de Rendición de Cuentas, Cemefi, Transparencia Mexicana, Frente a la Pobreza, Borde Político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, entre otras. Son organizaciones ambientales, en defensa de los derechos humanos, la transparencia, contra la corrupción, contra la pobreza, por la construcción democrática de México, pero que les une la grave amenaza: si no hay elecciones limpias, profesionales, en las que el voto se cuente escrupulosamente, ninguna de las agendas y los temas que impulsan podrá prosperar. La estabilidad política, la legitimidad de los gobiernos y en general “el ambiente democrático” es la condición para la acción de esas organizaciones.
El argumento central de los dos alegatos es este: “las iniciativas son inconstitucionales en el fondo y en la forma, violatorios al proceso legislativo y desmantelan directamente la estructura fundamental que organiza todas las elecciones en México”.
Contra cierta especie que ha circulado recientemente, las 94 afirman: el proceso legislativo que aprobó la segunda parte del “plan B” (y que se debatirá pronto) es exactamente el mismo -peca de los mismos defectos, vicios, abusos- que la primera parte, ya desechada e invalidada por el pleno de la Corte. Y en un amplio estudio de fondo revela, insisto, artículo por artículo, las violaciones que contiene: los criterios y preceptos que los ministros de la Suprema Corte han elaborado a lo largo de los años para echar por tierra leyes hechizas, no discutidas, no justificadas, precipitadas por las urgencias atrabiliarias de los gobiernos en turno.
En suma: las 94 organizaciones solicitan a las y los señores ministros se mantengan, simplemente, coherentes y consistentes con sus propios criterios, los mismos que han defendido a la república y al orden constitucional. Una exigencia simple, que se traduce, llanamente a la invalidez total de la intentona por destruir nuestro piso -zarandeado pero confiable- de convivencia electoral (consulta de los alegatos de las 94 OSC´s, aquí https://bit.ly/3BRu4Gk).