Jacqueline Peschard
El Universal
04/05/2015
Hoy se promulga con bombo y platillo, en Los Pinos, la Ley General de Transparencia, pero México está lejos aún de tener un gobierno abierto.
Y no escatimamos en eventos y pronunciamientos. El pasado 24 de abril, la oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República encabezó la reunión ministerial de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). En ella, representantes de los diez gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Comité Directivo de la Alianza que hoy preside México, establecieron la ruta a seguir para la realización de la Cumbre Global 2015 de AGA, en octubre próximo, en Guadalajara. ¿Pero dónde estamos realmente en materia de gobierno abierto?
Es de celebrarse que ya contemos con una ley que establece estándares comunes de apertura de la información para todos los poderes públicos y demás sujetos obligados en los tres niveles de gobierno y que desde 2011 hayamos mantenido el compromiso de ceñirnos a las directrices de AGA. Sin embargo, lo importante es asegurarnos de que pasamos de las declaraciones o de la colocación de etiquetas de cumplimiento, a acciones concretas y continuas, capaces de ser verificadas por todos, en cualquier momento.
Un gobierno abierto es más que una política pública transversal, pues como dice Artículo 19, es una forma específica de gobernar que se sustenta sobre dos grandes pilares: la transparencia y la participación amplia de la sociedad. No se trata sólo de que los entes públicos difundan información sobre sus quehaceres, a lo que están obligados constitucional y legalmente, sino que diseñen de la mano de la sociedad civil acciones para que la información pública esté a la mano en formatos abiertos, que permitan a la población analizarla y contrastarla, es decir, utilizarla y reutilizarla en su provecho.
En 2013, en el marco de la Alianza, gobierno y sociedad civil elaboraron, mediante un complejo proceso de consulta y cogeneración, un Plan de Acción con 26 compromisos de programas de apertura, ordenados en 12 grandes rubros que abarcan desde justicia y seguridad, política social, transparencia presupuestaria, calidad de vida, derechos ciudadanos, medio ambiente, energía e industrias extractivas. Estas acciones quedaron bajo la responsabilidad de dependencias del gobierno federal con la supervisión de diferentes organizaciones sociales. A casi dos años de su elaboración y de cara a que habrá que redactar el Plan de Acción para el próximo bienio, es posible afirmar que todo el esfuerzo desplegado no ha derivado en la construcción de un piso firme de rutinas institucionales sobre el cual garantizar la construcción de un gobierno abierto en México.
Se ha cumplido con elaborar plataformas informáticas para tener un catálogo nacional de trámites y servicios, para facilitar el acceso a resoluciones administrativas de órganos reguladores, para dar seguimiento a la asignación del presupuesto federal y para transparentar las compras públicas, por ejemplo, pero seguimos muy rezagados en temas de seguridad y justicia y de derechos humanos, que son sin duda asuntos muy sensibles para la población. Para sólo dar un ejemplo, no contamos todavía con un registro homologado de personas detenidas que contenga las circunstancias y causas de detención, ni con uno de personas desaparecidas en el que se identifique a las autoridades encargadas de la respectivas bases de datos. Esta información es una herramienta esencial para que los ciudadanos enfrentemos mejor el contexto de inseguridad que vivimos.
Para dar un salto en edificar un gobierno abierto es importante que las dependencias no pretendan crear espacios burocráticos nuevos, sino que orienten y ordenen su trabajo, teniendo en mente que la información no es del funcionario que la elabora o resguarda, sino de la población toda.