Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
25/02/2016
Mal empezó la irrupción del Gobierno federal en el debate sobre la regulación de la mariguana, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia que amparó a cuatro personas para permitirles cultivar cannabis para su uso personal con base en su derecho al libre desarrollo de su personalidad y a la desproporción de la prohibición absoluta de la planta respecto a su peligrosidad relativa. Al momento de convocar a un debate nacional sobre el tema, el Presidente de la República estableció un prejuicio sobre toda la discusión y sobre la posición de buena parte de su gobierno y de su partido al declarar con énfasis que él se oponía de entrada a la legalización de la sustancia.
Por si fuera poco, el diseño de las mesas de debate organizadas por el Gobierno sesgó la discusión, al plantearse como foros sobre el uso de la cannabis y no ya sobre su regulación, que es el tema que realmente debería estar sobre la mesa, como lo estuvo en las audiencias públicas a las que convocaron conjuntamente la Cámara de Diputados y el Senado. De ahí que resultara cansino participar en unos paneles en los que de nuevo se están presentando argumentos y posiciones ya muy conocidos, en lugar de que se abriera paso al diseño de la ruta necesaria para sustituir la fracasada prohibición con una regulación basada en la evidencia que proteja los derechos de los consumidores, deje de criminalizarlos y reduzca el negocio que hoy controlan los delincuentes.
La posición conservadora de Peña Nieto no parece tomar en cuenta que la necesidad de la regulación estatal de la mariguana es resultado del fracaso de la prohibición como política de drogas y que lo que está a debate no es si la mariguana es buena o mala, sino cómo debe administrar el Estado los riesgos derivados de un consumo que es un hecho y que hoy está controlado por organizaciones de especialistas en mercados clandestinos que no tienen en cuenta la salud de los consumidores y que operan con altos niveles de violencia.
Frente a los prejuicios de su jefe, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en la inauguración del segundo foro del debate nacional sobre el uso de la mariguana, enfocado en ética y derechos humanos, ha dado un discurso que pone una base importante para comenzar a desmantelar el modelo de política de drogas que ha imperado durante los últimos treinta años, centrado en la utilización del sistema penal como principal instrumento de contención tanto de la oferta como de la demanda. La prohibición, como ha reconocido el Secretario Osorio, ha perjudicado especialmente a los consumidores de sustancias sicoactivas, a los que ha criminalizado y estigmatizado.
El discurso de Osorio reconoce el fracaso de la supuesta descriminalización de los usuarios que la legislación mexicana ha pretendido. Si desde 1994 el consumo dejó de estar tipificado como delito, como dice el Secretario de Gobernación, y en 2007, con las reformas de la llamada ley de narcomenudeo, se estableció una tabla de umbrales debajo de los cuales el ministerio público no debe ejercer la acción penal por la posesión que se considera de uso personal, el hecho es que en la realidad la gran mayoría de los presos por delitos contra la salud lo están por posesión simple, un delito que suele atribuirse a los consumidores a los que se detiene y encarcela por traer consigo algo más de lo permitido en la tabla de umbrales o se usa, como señala Catalina Pérez Correa, para encubrir la ineficiencia de los agentes del ministerio público que sin flagrancia no logran comprobar delitos.
Osorio acertó en su discurso al poner en el centro de la discusión la necesidad de descriminalizar efectivamente a los consumidores y al señalar que la legislación vigente ha sido ineficaz en ese objetivo. La referencia a la tabla de umbrales para uso personal establecida en la Ley General de Salud es relevante, pues reconoce que es inconsistente respecto a la posesión y transporte real para uso personal. Los dichos del secretario se deben traducir en la disposición del gobierno para modificar una tabla que fija cantidades absurdas de posesión de sustancias, que no toman en cuenta las prácticas de consumo ni las circunstancias efectivas del mercado. Cinco gramos de mariguana no corresponden a lo que realmente se compra para uso personal y lo mismo sucede con todas las demás sustancias registradas en la tabla.
Pero para acabar con la criminalización de los consumidores no basta con modificar la tabla y aumentar las cantidades debajo de las cuales no se ejerce la acción penal. Es indispensable eliminar el delito de posesión simple, de manera que en cantidades superiores a la tabla y en los marcos de los que hoy se considera narcomenudeo en la ley, la fiscalía deba acreditar la intención de venta para consignar ante el juez. La eliminación del delito de posesión simple sacaría de la cárcel a miles de personas que hoy están presas por delitos no violentos, muchas de ellas, como señaló Osorio, “mujeres madres, primo-delincuentes, no armadas y portadoras de pequeñas cantidades, (que) purgan penas desproporcionadas, con altos costos no solo económicos, sino principalmente sociales”.
Que el Secretario Osorio haya puesto el acento de su intervención en la necesidad de avanzar a la descriminalización efectiva de los usuarios de sustancias sicoactivas en una buena señal y muestra que el gobierno quiere está dispuesto a emprender cambios en la política de drogas, aunque se quede corto en sus planteamientos y no reconozca plenamente el despropósito de la prohibición de la mariguana, sobre la que existe ya suficiente evidencia para regularla de manera sensata.
El cambio de política de drogas es imperativo y debe seguir los lineamientos fijados por el ex Secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, quien hace unos días enlistó con precisión los puntos centrales de la discusión actual: Primero, debemos descriminalizar el uso personal de drogas. Segundo, debemos aceptar que el mundo libre de drogas por el que clamó la sesión especial de la Asamblea General sobre drogas (UNGASS) de 1998 es una ilusión irrealizable. Tercero, debemos enfocarnos en la regulación y en la educación pública en lugar de en la supresión de las drogas, lo que sabemos que no funciona. El cuarto y último paso es reconocer que las drogas deben de estar reguladas precisamente porque son riesgosas, pero que son infinitamente más peligrosas si simplemente se les deja en manos de los criminales sin escrúpulos que no tienen miramientos respecto a la salud y a la seguridad. La regulación legal protege a la salud.