María Marván Laborde
Excélsior
20/08/2015
Ya muchos intelectuales han advertido que cuando decimos Estado de derecho podemos referirnos a cosas diversas. Cuando el uso y abuso de un concepto lleva a tantos significados distintos —polisemia— acaba por no significar nada. Hoy hablaré de dos de los significados de Estado de derecho, para, a través de estas definiciones, analizar las consecuencias de sendas decisiones del INE.
Podemos entender Estado de derecho como cultura de la legalidad, disposición de los mexicanos a cumplir la ley o bien, como la actuación de la autoridad de hacer solamente lo que le mandata la ley. Existen otros significados igualmente importantes de los que no me ocuparé.
Cuando hablamos de cultura de la legalidad solemos decir que los mexicanos tenemos grandes carencias, simple y sencillamente no estamos dispuestos a cumplir la ley. Todas las encuestas hechas para medir la actitud de los mexicanos frente a la ley confirman esta falta de respeto a las normas.
Los mexicanos admitimos no conocer la ley, pero afirmamos que éstas no se cumplen porque están mal hechas o son injustas. Pocos mexicanos reconocen que ellos desobedecen las leyes, la mayoría estamos convencidos de que son los demás los que las violan. Está comprobado que esta convicción tiene el efecto del contagio de un virus: si los demás pueden transgredir la ley, es muy probable que seamos más permisivos con nosotros mismos.
Si los mexicanos tenemos una baja disposición a cumplir la ley, los partidos adolecen aún más de este problema. Basta tener la paciencia de escuchar una sesión del Consejo General del INE para comprobar que todos los partidos se quejan de que sus adversarios violaron las normas. Es particularmente grave que las instituciones, cuyo fin es promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, consideren que las leyes (que ellos mismos crearon) son sugerencias que se cumplen a discreción.
En el proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde no hizo sino burlarse de la autoridad. De septiembre a junio se le multó con más de 500 millones de pesos. Sin embargo, el Consejo General consideró que no había razones suficientes para quitarle el registro. Con esta decisión se elevó el nivel de permisividad. Los partidos saben que, en el futuro, podrán llegar tan lejos como el Verde y lo único que arriesgarán será su financiamiento. El cálculo racional será desobedecer la ley para obtener más votos. Las multas impuestas podrán ser compensadas porque cada voto obtenido, por sus trampas o a pesar de ellas, les garantiza dinero extra. De acuerdo con los consejeros que avalaron esta decisión, esto no tergiversa la equidad en la contienda ni afecta a nuestra enclenque democracia.
Otro significado del Estado de derecho, más apegado a la concepción anglosajona de Rule of Law, tiene que ver con la obligación de los gobernantes y cualquier autoridad de hacer solamente aquello para lo que están expresamente facultados.
Desde la Constitución se establece que los partidos tienen derecho a tres tipos de financiamiento público, el ordinario, el que recibe para gastos de campaña y el dedicado a actividades especiales. También es disposición constitucional que el dinero público debe gastarse única y exclusivamente en los fines que ha dispuesto la Cámara de Diputados.
Del presupuesto destinado a las campañas de 2015, a los partidos políticos les sobraron un poco más de 200 millones de pesos. Contrario a lo que sucede cuando una dependencia de la Administración Pública Federal tiene un subejercicio, el Consejo General les permitió quedarse con sus remanentes.
Implícitamente les dieron permiso de incorporarlo al gasto ordinario, es decir, cambiaron el objeto del gasto público. Debido a que ninguna ley permite al Consejo General del INE autorizar estas transferencias, podemos presumir que éste se excedió en sus facultades. Por ello algunos ciudadanos decidimos ampararnos en contra de esta decisión administrativa. La demanda ya ha sido admitida.
Cuando un órgano de Estado permite que se viole la ley, fomenta la mala cultura de la legalidad. Cuando asume facultades que no le están expresamente conferidas debilita el Estado de derecho.