Jacqueline Peschard
El Universal
20/04/2015
Hay mucho que celebrar con la aprobación de la Ley General de Transparencia. Después de más de un año de debate y no pocos intentos de dar marcha atrás, el jueves pasado la Cámara de Diputados resolvió avalar la minuta del Senado para remitir la ley al Ejecutivo, ya sin dilación.
En tanto norma que reglamenta la reforma constitucional de febrero de 2014, es una pieza legislativa muy relevante porque establece los principios y procedimientos básicos e irreductibles para homologar los criterios de acceso a la información en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.
La Ley General establece, con un calendario preciso, una plataforma informática y un órgano de dirección, la ruta que deberán de seguir los organismos garantes de la información para darle forma a lo que es la máxima expresión organizacional de la reforma constitucional: el sistema nacional de transparencia. Ese es el mayor reto que enfrenta el IFAI, que se ha convertido en Instituto Nacional de Transparencia gracias a las facultades que le fueron conferidas y que lo colocan por encima de los organismos garantes locales. Dicho sistema nacional habrá de darle consistencia a los procesos de acceso a la información y definir el camino para fortalecer el esquema de rendición de cuentas en el país.
La Ley General de Transparencia establece un listado ampliado de obligaciones de transparencia comunes a todos los sujetos obligados, así como otro de obligaciones específicas, para dar cuenta de los diferentes estatutos jurídicos del nuevo elenco de sujetos obligados, es decir, para distinguir a los entes gubernamentales, de los partidos políticos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos. Pero también habrá de reforzar la transparencia de los que ya eran sujetos obligados, pero estaban fuera del ámbito de control del IFAI, como los poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos.
Una de las grandes expectativas que abrió el proceso de reforma en transparencia fue que lograran remontarse ciertas esferas de opacidad claramente identificadas como la de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Aunque el Poder Legislativo ha estado regulado por la ley de transparencia desde 2002, dado que ha tenido la facultad de emitir su propio reglamento en la materia, mantuvo vivo el rechazo a identificar a los grupos parlamentarios como órganos constitutivos de la estructura del Congreso, lo que los dejaba al margen de las obligaciones de transparencia. Dicho de otra manera, los propios legisladores se reservaron un espacio de opacidad, argumentando que los grupos parlamentarios sirven para diseñar las estrategias de las bancadas respecto de las iniciativas de ley que quieren impulsar o de las que quieren respaldar.
Sin embargo, los grupos parlamentarios disponen y ejercen recursos públicos nada despreciables, por lo que no pueden estar protegidos por la confidencialidad. La Ley General de Transparencia ya corrigió esta anomalía, pero los legisladores establecieron un transitorio para que no pueda aplicarse a los integrantes de la actual 62ª Legislatura.
La información específica sobre las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios de la actual legislatura se mantendrá fuera de la luz pública hasta el 31 de agosto que es cuando concluye su periodo en la Cámara de Diputados. La aprobaron para los que vienen, no para ellos.
Sólo un acto de voluntad política de los actuales diputados podría modificar esta disposición de mantener cerrados los datos sobre los recursos de sus grupos parlamentarios. ¿Es mucho pedir?