Jacqueline Peschard
El Universal
13/07/2015
Parafraseando el título de la película, Un día sin mexicanos, el general Cienfuegos, secretario de Defensa, reivindicó el papel que hoy juegan las Fuerzas Armadas, llamando a imaginar qué sucedería en México con “un día sin Ejército”. La referencia cobra especial relevancia ahora que una vez más El Chapo Guzmán ha burlado el control de la cárcel de alta seguridad del Altiplano.
Es muy raro que el secretario de la Defensa otorgue sendas entrevistas a periódicos nacionales y a un programa de televisión, como lo hizo en días pasados, para establecer posturas concretas sobre un tema central de nuestra agenda pública, como el de seguridad. Con ello, el general Cienfuegos dejó de lado su carácter discreto dentro del gabinete presidencial para adoptar un papel activo de figura política y eso no es frecuente.
¿Cómo explicar políticamente las recientes apariciones públicas de Cienfuegos en las que ha abordado los problemas de la seguridad pública en los que las Fuerzas Armadas han estado participando? Cienfuegos apuntó que durante la presente administración, el Ejército ha sufrido 932 agresiones de grupos armados que le han costado la vida de 44 militares, si bien se ha logrado desarticular a grandes cárteles del crimen organizado.
Resulta difícil pensar que las entrevistas se hayan concertado sin la anuencia del Presidente de la República, al que no sólo le debe lealtad, sino disciplina por su investidura de jefe de las Fuerzas Armadas. Es evidente que en los mensajes del secretario hay un reclamo al poder público, pero al mismo tiempo su salida a la palestra pública puede ser aprovechada por Peña Nieto para respaldar ciertos programas o iniciativas, porque la autoridad de Cienfuegos no está políticamente desgastada.
Encuentro dos grandes reclamos en las entrevistas, dirigidos sobre todo a los legisladores federales y a los gobiernos locales. A los legisladores, por omisión, en el caso de las leyes reglamentarias del artículo 89 constitucional que faculta al Presidente para emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y que siguen pendientes de elaboración. Se ha insistido en que esta falta de normatividad precisa se debe al temor que existe en algunas esferas del poder a que el Ejército no quiera regresar a sus cuarteles, por ello, el secretario subrayó que el Ejército no tiene aspiraciones políticas.
Más fuerte es el reclamo por legislaciones aprobadas como la eliminación del fuero militar cuando hay civiles involucrados. En este caso, la responsabilidad de dicha promulgación es también del Ejecutivo federal. Cienfuegos fue contundente al sostener que dicha ley es un error que ha dañado la imagen del Ejército. El ejemplo es Tlatlaya, donde, en su opinión, a pesar de que sigue pendiente el juicio a los 8 militares identificados en la muerte de los 22 civiles, el juicio mediático ya dictó sentencia en su contra.
El reclamo del secretario de Defensa a los gobiernos locales se debe a que no están claros los compromisos en algunos estados para trabajar en la restructuración de sus policías para que puedan cumplir con su obligación de resguardar la seguridad de las personas. A su entender, esta restructuración implicaría diseñar un nuevo concepto del trabajo de la policía, para no pretender que las municipales enfrenten al crimen organizado con eficacia. Esta responsabilidad es también del Poder Federal.
Las reflexiones de Cienfuegos son una llamada de atención a las autoridades públicas por la corrupción que impera y por su incapacidad para desarrollar las funciones de seguridad, hoy confirmadas por el escape de El Chapo Guzmán. Bien haría el gobierno federal en escuchar los reclamos del general y, sobre todo en aprovecharlos para abordar los temas de la relación entre corrupción y seguridad con mayor celeridad y confianza.