Ciro Murayama
El Universal
29/01/2015
Los actores de la competencia electoral en cualquier país del mundo necesitan recursos económicos para desplegar sus campañas, mantener sus estructuras de militantes y llegar a la ciudadanía. Esa verdad de Perogrullo deja de ser tan simple cuando nos preguntamos de dónde debe salir el dinero que va a las campañas, a cuánto han de ascender tales recursos y cuánto pueden gastar partidos y candidatos para que la democracia no devenga en plutocracia. Cada país democrático ha avanzado en definiciones políticas al respecto que se traducen en marcos legales específicos. En México hemos construido un modelo de financiamiento a la contienda político electoral que se caracteriza por: a) financiamiento público predominante, b) financiamiento privado permitido pero acotado, c) límite a los gastos, d) acceso a la radio y la televisión a partir de los tiempos del Estado y no de la compraventa de publicidad y, e) fiscalización exhaustiva y máxima publicidad de los dineros de partidos y candidatos.
Tal diseño tiene como propósitos centrales procurar la equidad entre los competidores, favorecer la independencia de los partidos y candidatos frente a los grupos de poder económico (y ya no digamos delincuencial) e impulsar la mayor transparencia en el flujo de los recursos que van a la contienda política.
En las últimas semanas, el Instituto Nacional Electoral ha tomado los acuerdos que aterrizan el diseño constitucional y legal en materia de recursos de los partidos para el año en curso.
El financiamiento público total para el sostenimiento de las actividades ordinarias se determina multiplicando el 0.65 de un día de salario mínimo en el Distrito Federal (71.10 pesos) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (85,801,510), lo que arroja una suma de 3,909.5 millones de pesos para 2015. La cifra implica 46 pesos por ciudadano empadronado al año, así que los partidos cuestan 12 centavos diarios por elector.
El reparto de los recursos es 30% igualitario y el 70% restante en función de la votación obtenida por partido en la última elección; los nuevos partidos reciben el 2% del total.
Este año de elecciones para renovar la Cámara de Diputados, los partidos reciben adicionalmente 30% para gastos de campaña: 1,172 millones de pesos. Hasta antes de la reforma electoral de 2007, para gastos de campaña se daba un 100% más, así que al dar sólo el 30% tenemos un ahorro este año de 2,737 millones de pesos frente a lo que hubiera resultado con la norma anterior.
Por otro lado los partidos tienen derecho a buscar financiamiento privado: de sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como vía de autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Todo el financiamiento privado que reciban, no podrá jamás superar el público y deben darse a conocer montos y aportantes.
En el caso del financiamiento de los militantes, la ley establece un límite agregado del 2% del total del monto para actividades ordinarias del conjunto de los partidos, por lo que cada uno no podrá allegarse por esta vía más de 78.19 millones de pesos este año. Las aportaciones de los simpatizantes no pueden superar el 10% del monto del tope de campaña de la elección presidencial previa, que se traduce en un límite de 37.4 millones. Por último, las aportaciones de los precandidatos y candidatos, que sólo pueden gastar en sus campañas, tienen el mismo límite que los simpatizantes: 37.4 millones.
Los partidos no pueden recibir dinero del erario público (salvo lo expresamente concedido en la ley a través de las autoridades electorales), de empresas mercantiles (para evitar el tráfico de influencias), de iglesias y ministros de culto (para preservar la laicidad de la actividad política) y tampoco del extranjero (la política es un asunto soberano).
En lo que toca al gasto, ningún candidato puede exceder el tope de campaña que, para esta elección a diputados federales, será de un millón 200 mil pesos por distrito. El candidato que rebase ese tope y resulte ganador podrá perder la curul a la que aspira porque el exceso de gasto es ya una de las causales de nulidad de elecciones que contempla la Constitución.
Como los partidos grandes reciben más financiamiento público, con esos recursos pueden llegar con más facilidad al tope de gasto que es un techo que no deben superar. En las campañas, los partidos de menor financiamiento pueden relativamente usar un monto mayor de recursos privados para reducir la brecha de gasto frente a los grandes.
Todo peso y centavo, ingresado y gastado, es fiscalizado por el INE. Con este modelo de financiamiento público predominante -y generoso- los partidos no tienen ninguna necesidad de acudir a fuentes ilícitas de financiamiento. El modelo mexicano busca favorecer la probidad de los actores políticos, pero es hora de pasar de las buenas leyes a las buenas prácticas.