María Marván Laborde
Excélsior
29/01/2015
¡Que no le digan, que no le cuenten, este es el mejor partido!, ¡que no le digan, que no le cuenten, nosotros sí sabemos cómo hacerlo! Güerita, ¡vote por nosotros, su dinero rendirá más! Caballero, ¡si nos da su voto, ya no habrá corrupción! Ensordecedor ruido de merolicos para convencer al cliente (ciudadano) de que lleve tal o cual remedio (candidato) milagroso. Han comenzado las precampañas, con ellas los millones de spots de 30 segundos. Frases huecas, inofensivas para que los contrincantes no presenten una queja en el INE, propaganda que ofrece partidos políticos como comida chatarra.
Mientras nos atarantan, los partidos miran hacia adentro para buscar sus candidatos. Poco a poco nos van anunciando las decisiones más relevantes, han comenzado por los candidatos a gobernadores de las nueve entidades que habrán de elegirlos. Ante las fracturas internas los partidos prefieren candidaturas de unidad. El presidente del partido viaja al estado en cuestión y, a puerta cerrada, se reúne con los y las suspirantes. Definen quién se sacó la lotería, reparten promesas de premios de consolación para el resto y quizá también uno que otro moche adelantado. Al final, la ceremonia para la prensa: una fotografía tomados de la mano como signo de unidad fingida.
La debilidad de nuestra cultura democrática no soporta contiendas internas. La crisis política es tan grande que ninguno se arriesga a preguntarles a sus militantes a quién prefieren. Los más aventurados hacen encuestas, siempre controladas por lo más selecto de su pequeño politburó.
Gracias a la reforma de 2014 se exigirá a todos y cada uno de los partidos estricta paridad en las candidaturas. 150 distritos con fórmulas femeninas y 150 con fórmulas masculinas para los 300 distritos uninominales. Veremos ahora la fortaleza de las mujeres; es momento de que los partidos demuestren su convicción para impulsar el liderazgo de las mujeres. Toca a la ciudadanía revisar si reparten de manera paritaria los distritos ganadores y perdedores. Ver para creer.
Han comenzado los candidatos chapulines a salir de sus puestos. Pidieron el voto de los electores para un periodo que no acabarán porque la desconfianza de nuestro sistema es tal que se les obliga a renunciar a fin de tener derecho a buscar una candidatura.
Discutimos si tienen derecho o no a renunciar, si son mejores o peores los candidatos chapulines que los advenedizos sin puesto previo. Nuestra democracia plagada de prohibiciones nos ha hecho perder el foco. En un intento de impedir que el candidato que tiene puesto haga trampa, se les exige que renuncien con antelación, como si eso les convirtiese en personas con ética y escrúpulos. No entiendo la lógica detrás de esta metamorfosis.
Me intriga sobremanera cómo vamos a resolver el dilema de los chapulines cuando empiece a funcionar la reelección que ya está aprobada. Legisladores y presidentes municipales tendrán derecho a buscar ser reelegidos siempre y cuando renuncien al puesto que pretenden conservar. En estricto español, ¿se llama reelección cuando ya se renunció al puesto? En caso de resultar (re)electos, ¿cuándo les permitirán regresar?, ¿en la noche del día de la elección?, ¿con su constancia de mayoría en la mano?, ¿hasta la fecha legal de toma de posesión? Quizá entonces caigamos en cuenta de que en nombre de una extraña equidad los partidos se han autoimpuesto exigencias tan absurdas como ineficientes.
La experiencia de Iguala impone un nuevo dilema a los partidos: ¿cómo asegurarse de que tal o cual candidato no tiene nexos con el crimen organizado? Menuda responsabilidad tienen los presidentes de los partidos que van de distrito en distrito, de municipio en municipio, ungiendo candidatos. Camacho, Madero, Navarrete y todos los presidentes de partido encargados de procesar las candidaturas de unidad deberán asumir la responsabilidad sobre los candidatos que nos proponen. No es sencillo decidir si deben poner bajo la lupa a todos los candidatos o sólo a aquellos que estén bajo sospecha. Más difícil será decidir a qué institución pedir el escrutinio. No es ni debe ser, por ningún motivo, responsabilidad del INE.
Por un lado, los partidos preparan su oferta, por el otro, parte de la sociedad civil organizada expone una demanda, sólo una. Los candidatos deben presentar tres declaraciones. Fiscal, patrimonial y de intereses. ¿Su declaración patrimonial corresponde a los ingresos ganados y declarados al SAT? ¿Cuáles son sus intereses? Los electores tienen derecho a saber si el patrimonio de los candidatos es explicable, con independencia de si es mucho o es poco. Exigen saber de antemano en qué decisiones debe excusarse un legislador, evitarle la tentación de anteponer su interés personal sobre el de la sociedad a la que representa.
Antes de preparar la oferta los partidos deberían escuchar qué demandan los consumidores, es decir, los votantes. Tres de tres declaraciones y ojalá entiendan que ya no hay margen para seguir sin entender.