El monitoreo del IFE: siete respuestas
Ricardo Becerra
Milenio. 12/11/2009
Según Ricardo Becerra, se han lanzado acusaciones que deben ser aclaradas para una justa evaluación del instituto y, sobre todo, de la reforma constitucional. A su modo de ver, las siguientes aclaraciones son las más importantes.
Durante los comicios de 2009, el IFE aplicó por primera vez en la vida electoral mexicana un sistema tecnológico para administrar los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión. La idea es que sólo por esa vía, sólo en los tiempos del Estado, los partidos accedan a la propaganda en medios de comunicación electrónica. Alrededor de este sistema se ha montado una fragorosa orquesta contra el IFE y se han lanzado acusaciones que deben ser aclaradas, para una justa evaluación de la institución y sobre todo, de la reforma constitucional. A mi modo de ver, las aclaraciones más importantes son éstas.
¿Debía el IFE construir un sistema de monitoreo?
Decididamente, sí. El artículo 76 del Cofipe dice: “El instituto dispondrá, en forma directa, de los medios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto a la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.” El IFE no tenía alternativa porque le fue otorgada la obligación de comprobar por sus propios instrumentos, que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión cumplen con los términos de la ley, lo mismo al emitir los spots de los partidos, que al abstenerse de vender espacios para propaganda electoral.
¿Qué debía hacer el monitoreo del IFE?
La Constitución (artículo 41) define al IFE como “autoridad única” para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión en materia electoral. La tarea de administración tiene varias implicaciones: producir las pautas de transmisión conforme a los criterios de equidad marcados por la Constitución misma; debe notificarlas y ordenarlas a todas las emisoras de radio y televisión; recibir y calificar la calidad técnica de los materiales que distribuye; enviar los materiales a los miles de transmisores del país; debe detectar la transmisión de los promocionales; grabarlos, colocarlos en una base de datos consultable, archivar esos testigos y generar sistemáticamente informes y reportes.
El sistema construido por la autoridad electoral ejecuta todas esas funciones. Desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el IFE generó 4 mil 556 pautas de transmisión, que fueron enviadas a 2 mil emisoras durante la campaña. Asimismo, el IFE recibió y calificó 2 mil 314 materiales distintos de los partidos y 273 de las autoridades electorales. 967 promocionales fueron transmitidos a los canales de televisión vía satélite, gracias a los 85 receptores instalados en todo el país. Los partidos pudieron cambiar sus promocionales, permanentemente, lo que se reflejó en las 3 mil 694 órdenes de transmisión que fueron enviadas a las emisoras de radio y televisión con el fin de sustituir promocionales.
Para vigilar el cumplimiento de las pautas de transmisión se instalaron 150 centros de verificación en todo el país. Desde ellos se detectan y graban automáticamente mil 474 señales de radio y televisión (alcanzar las dos mil señales implicaba un costo adicional al instalar otros tantos puntos de detección). Todos los receptores están conectados con un Centro Nacional que concentra la información. Por eso, el IFE cuenta hoy con los testigos de 8 millones 367 mil 439 detecciones que provienen desde el inicio de las campañas (3 de mayo).
¿Cómo se construyó este sistema?
La definición del modelo tecnológico fue resultado de la deliberación del Consejo General ocurrida luego de la opinión formulada por especialistas de la televisión pública de México: TV-UNAM y el Canal 11 (IPN).
Fue gracias a ese trabajo y a esa definición tecnológica, validada por expertos, que el IFE consiguió la ampliación presupuestal para la construcción de su sistema de monitoreo. Entre el otorgamiento de los recursos y la aplicación del sistema, transcurrieron 8 meses, justo antes del inicio de las campañas electorales.
No está demás decir que el sistema de monitoreo es producto de una licitación pública internacional en la que participaron 39 empresas. La Contraloría General del instituto ya ha revisado y dictaminado este proceso licitatorio que ha acreditado así, su legalidad y transparencia.
¿Qué información produjo el monitoreo?
Durante el proceso electoral, el Consejo General del IFE conoció cinco informes generales de la administración en radio y televisión: de precampaña, del tiempo estatal utilizado en la contingencia sanitaria, el de la equidad de las transmisiones en el inicio de campañas, el de la campaña de Sonora y el informe general antes de concluir el proceso electoral.
Gracias a su monitoreo, el IFE pudo demostrar los incumplimientos y fundar las sanciones contra los medios o partidos que violaron la ley. Cada una de las 8.3 millones de detecciones automáticas (en campaña), que provienen de mil 474 señales distintas, puede ser consultada hoy mismo. En ese universo, el sistema ubicó 563 posibles anomalías y el Consejo General resolvió sobre 60 procedimientos de sanción. Todas ellas fueron respaldadas fehacientemente, con el resultado del monitoreo propio. Estos respaldos son públicos y están disponibles para quien quiera verlos.
¿Qué sucedió en la campaña local de Sonora?
En la elección local de Sonora, coincidente con la elección federal, la Alianza integrada por PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza denunció que las transmisiones de los concesionarios y permisionarios en esa entidad no coincidían con las pautas aprobadas. El IFE analizó las detecciones del sistema de monitoreo y comprobó que en efecto se había cometido un error en las notificaciones de la pauta. Se trató de un equívoco operativo que el Tribunal Electoral señaló y que la Contraloría del IFE indagó y sancionó. Pero el Consejo General del IFE pudo corregir sobre la marcha y demostró, una vez más, con un informe público debido a su monitoreo, que en el último mes de la campaña se habían regularizado las transmisiones en Sonora. Fue este uno de los elementos con los que el Tribunal Electoral confirmó finalmente la validez de la elección en el estado.
¿Cuánto costó el sistema de monitoreo del IFE?
El costo de la infraestructura del sistema de monitoreo fue de 25.7 millones de dólares, lo que representa aproximadamente, 15% de lo que gastaron los partidos y el IFE en la compra directa de spots durante la elección de 2006. El nuevo modelo redujo a cero el gasto en publicidad electoral y la consiguiente transfusión de recursos públicos a consorcios privados.
La inversión realizada se realizó por una sola vez y seguirá vigente durante varios procesos electorales, locales y federales, incluyendo los 14 procesos del año entrante. Hay que repetirlo: la tecnología adquirida es un bien del Estado mexicano y su uso es tan amplio y variado como obligaciones de regulación existan.
¿Y por qué tal impugnación al sistema de monitoreo?
El sistema para la administración de la radio y la televisión ha pavimentado la ruta para el acceso de partidos y autoridades a los tiempos del Estado, pero, probablemente, el resultado más importante y la razón de la orquestada impugnación es que por primera vez se cuantifica y documenta a escala nacional, el cumplimiento de la ley por parte de concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Es un instrumento que devuelve al Estado mexicano el control sobre su patrimonio en el espacio radioeléctrico. Pues, tal vez, por eso.
*Coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE y presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Sus opiniones no reflejan necesariamente la postura de esas instituciones.
El viernes 13 del IFE
Raúl Trejo Delarbre
emeequis
Por mucho que los arropen sus beneficiarias de hoy, el descrédito que se impusieron a sí mismos seis de los nueve consejeros del IFE lo van a arrastrar durante toda la temporada electoral –y seguramente algo más–. El tropiezo del viernes 13 de febrero, cuando absolvieron a Televisa y TV Azteca de las sanciones que esas empresas se habían buscado al transmitir de manera manipuladora los mensajes de los partidos políticos, tiene las agravantes de la premeditación pero, sobre todo, de la arbitrariedad y la ligereza.
Las televisoras quisieron desquitarse e incluso burlarse de los partidos al difundir los mensajes políticos en bloque e interrumpiendo eventos deportivos para que el público se indignara. El IFE quedó encajonado en una disputa que no inventó, porque lo que molesta a los consorcios mediáticos es la legislación que prohíbe contratar spots políticos. Pero la autoridad electoral está obligada a hacer cumplir esa legislación y por eso el fatídico viernes 13 los consejeros debían aprobar sanciones de algunos millones de pesos a Televisa y Azteca.
Un par de días antes, el 11 de febrero, los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión fueron al IFE a proponer un convenio que comprometía a ambas partes a respetar las reglas para la difusión de spots. Se trataba de un documento reiterativo porque con o sin él las televisoras tienen que difundir los spots que el IFE les envíe para ocupar, en cada emisora, 48 minutos diarios del tiempo que le corresponde al Estado.
La Cámara que representa a las empresas de radiodifusión se comprometía, en ese documento, a “respaldar, apoyar y acompañar” (sic) al IFE en el cumplimiento de la legislación. Pues nomás faltaba que no.
En otro de sus apartados ese supuesto convenio, llamado “Bases de colaboración”, dice que el IFE emitirá criterios para evitar la interrupción de eventos deportivos, religiosos o culturales. Sin embargo la posibilidad de modificar los horarios de transmisión de programas de esa índole ya estaba prevista en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (exactamente en el artículo 56) publicado en agosto de 2008.
El convenio fue una trampa para el IFE. Nada de lo que allí se decía implicaba la obligación expresa de los consorcios mediáticos para difundir los spots políticos. Incluso respecto de uno de los temas de mayor discusión, que era la transmisión en paquete de esos mensajes, se apuntaba que los radiodifusores procurarán no agrupar los promocionales en un solo corte.
Las llamadas “Bases de colaboración”, además, disponen que el IFE y la CIRT podrán clasificar los mensajes de los partidos a fin de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”. Ese apartado motivó una denuncia del Partido Socialdemócrata porque con el pretexto de salvaguardar a los menores de edad (como si los partidos no fuesen suficientemente aptos para ello) los radiodifusores y la autoridad electoral pueden convertirse en censores de los mensajes políticos.
Algunos consejeros suscribieron ese documento con directivos de la CIRT y de las televisoras. La trampa consistió en que el convenio que ni siquiera tiene un rango legal suficientemente claro, que no establece auténticos compromisos, que está repleto de lugares comunes y que implica riesgos de supervisión indebida de los mensajes políticos, fue tomado como pretexto por 6 de los 9 consejeros del IFE para eximir a las televisoras de las multas que se habían ganado.
Esos consejeros – Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez– coincidieron en dos peregrinos argumentos. Por una parte, insistieron en que las televisoras ya habían dejado cometer irregularidades en la transmisión de los spots. Por otra, consideraron que el acuerdo resolvía el diferendo y no hacía falta imponer sanciones.
La tesis de esos consejeros es tan regresivamente innovadora como jurídicamente riesgosa. Supongamos que voy manejando un automóvil y que intencionalmente atropello a una persona y me llevan a la Delegación de Policía. Para que no me sancionen, me bastaría decir que haré lo posible para no volver a atropellar a nadie. Y para que estén seguros, podría proponerle al agente del Ministerio Público que firmemos un convenio en donde quede constancia de esa intención mía.
Así de absurda fue la justificación que quisieron construirse los consejeros que exoneraron a las televisoras. El asunto irá al Tribunal Electoral. Junto con su propia respetabilidad, esos consejeros apalearon al noble e imprescindible IFE.
IFE: ¿árbitros electorales o abogados defensores?
Ciro Murayama
La Crónica de Hoy. 20/02/2009
El hecho de que hace una semana el Consejo General del IFE decidiera, en votación dividida, “sobreseer” el procedimiento sancionatorio hacia las dos grandes empresas de la televisión mexicana, constituye, a la vez que un acto sin precedentes, un síntoma grave de retraimiento del Estado frente a los intereses privados. La decisión del IFE se da en un contexto donde la campaña de las televisoras contra la reforma constitucional de 2007, que prohibió la compraventa de publicidad electoral en los medios electrónicos, ha hecho mella también en el Poder Ejecutivo y en el parte clave de los partidos políticos. Ello no exonera de su responsabilidad al IFE, sino que refleja un problema más amplio, que abarca a otras áreas del Estado.
Lo anterior porque en todo el diferendo la intervención de la Secretaría de Gobernación —órgano político por antonomasia del jefe del Estado— se enfocó a “buscar un disenso menos crispado sobre el nuevo modelo de comunicación política”, según declaró su titular, como si el IFE y las televisoras fueran dos partes beligerantes de un conflicto político y no, como es en realidad, el IFE una autoridad, un órgano de Estado, y las dos empresas unos particulares en desacato de la Constitución y la ley. Jamás hubo, desde el Ejecutivo, siquiera un llamado a respetar las normas. Esa “equidistancia”, viniendo del gobierno, provoca un deja vu del tristemente célebre “¿y yo por qué?”.
Dos de los tres principales partidos políticos tampoco supieron exigir un cumplimiento puntual del diseño legal que impulsaron y aprobaron hace año y medio. En la sesión del Consejo General el silencio de los representantes y legisladores del PAN y el PRI fue elocuente de su decisión de huir de las definiciones. Es más, fueron senadores de ambos partidos los que, días después, salieron a hacer una defensa de la omisión del Consejo General del IFE para cumplir sus atribuciones.
La decisión de los consejeros del IFE ocurrió en esa marea de indefiniciones del Gobierno, el PAN y el PRI —que, como ya se dijo, al final son definiciones a favor de las televisoras—. Lo anterior no obsta para hacer justificable la decisión pues el IFE sigue siendo, o debe seguir siendo, un órgano de Estado autónomo, ajeno a los intereses del gobierno y de los intereses individuales de los partidos, que sólo debe leer y aplicar la ley; nada más pero nada menos.
El sobreseimiento, con el que se dejó sin materia el proyecto del secretario ejecutivo, tiene deficiencias notorias. Por ejemplo, el IFE suele sobreseer en el caso de que un partido que se sintió agraviado por la conducta de un rival, finalmente retira su queja porque considera que el agravio no le afectó o se diluyó. Santo y bueno, si no hay quejoso, no hay daño que indagar. Pero en el caso que nos ocupa, la secretaría ejecutiva del IFE, a quien por ley le corresponde presentar proyectos sancionadores cuando detecta que la norma se viola por parte de los concesionarios, ofreció y mantuvo su proyecto. Ergo, había materia.
Por otra parte, hubo consejeros que llegaron a argumentar que, como el miércoles 11 se firmaron unas bases de cooperación con la CIRT —que en el mejor de los casos no son sino un listado de buenas intenciones para la relación a futuro entre el IFE y la Cámara—, entonces las violaciones de Televisa y TV Azteca quedaban en el olvido legal. Para empezar, la CIRT es una razón social distinta a las que cometieron la infracción y, para continuar, no hay precedente conocido en el derecho para que una declaración de intenciones exima de sanción por conductas ilegales previas.
No deja de llamar la atención que los consejeros que sabían que había un procedimiento en curso contra las televisoras, firmaran las bases de colaboración y, acto seguido, se escudaran en ellas para no sancionar. Incluso siguiendo su lógica, al final fue la propia conducta de los consejeros la que dio elementos para evitar entrar al fondo del asunto. Por fin ¿jueces electorales o abogados defensores de particulares?
Los consejeros electorales que formaron el voto mayoritario hace ocho días, insistieron en que como la conducta de las televisoras no había continuado, no tenía sentido ir a analizar el proyecto del secretario ejecutivo. Pero, de alguna manera, tales consejeros prejuzgaban y esquivaban la evidente realidad: todo mundo sabía que sí se seguían cometiendo infracciones, aún más graves, porque las televisoras sacaron del aire los anuncios que corresponden al Estado. Tan es así, que había ya otra indagatoria institucional, del IFE, sobre el asunto.
El día de hoy el Consejo General sesiona otra vez, pues la secretaría ejecutiva presenta un nuevo proyecto sobre las violaciones de las televisoras a la ley, acumuladas en la segunda semana de precampañas. Los abogados de las empresas piden al IFE que de nuevo se sobresea el caso; exigen a la autoridad ser congruente con la incongruencia de hace una semana. Si es así, se confirmaría que los consejeros que promovieron la firma de las bases con la CIRT, en realidad abrieron una puerta para abdicar de su responsabilidad y pasar por alto violaciones reiteradas a la ley.
Tres partidos, PRD, PT y PSD, impugnaron la resolución del IFE del viernes 13. El diseño legal, que hace del Tribunal Electoral la última instancia en la materia, puede ser la última válvula para remediar la fuga de legalidad y credibilidad electoral que se produjo en el Estado mexicano.
Perdimos todos
Lorenzo Córdova Vianello
El Universal. 18/02/2009
Afortunadamente, la inmoral y hasta ilegal conducta de los seis consejeros del IFE que el viernes pasado decidieron la absolución de las dos principales televisoras por haber manipulado la propaganda electoral que tienen obligación de transmitir ha recibido un amplio rechazo de parte de la opinión pública y especializada. Era lo menos que podía esperarse luego de su vergonzosa actuación.
En estas páginas, el lunes, Pedro Salazar desmontó uno a uno los argumentos con los que esos consejeros claudicaron de su obligación de aplicar la ley. No pretendo repetir aquí las falacias jurídicas y argumentativas que sustentaron esa decisión, ni tampoco reiterar las razones expuestas por los consejeros Alfredo Figueroa, Virgilio Andrade y el presidente Leonardo Valdés en su fallida defensa de las atribuciones del IFE.
Prefiero subrayar algunas de las implicaciones que esa decisión puede tener en el futuro.
Como es sabido, la actitud desafiante e ilegal de la televisoras continuó en los días posteriores al no transmitir los pautados de publicidad que el IFE les remitió, provocando el inicio de nuevos procedimientos.
Pues bien, con los falaces argumentos usados para desechar las propuestas de sanción el viernes pasado, los consejeros también deberían desechar los nuevos procedimientos. En efecto, al haber reinterpretado la jerarquía jurídica de las normas y haber colocado a un documento de dudoso valor legal, las “bases de colaboración” entre la CIRT y el IFE, por encima de la Constitución y del Cofipe, resulta imposible sancionar la no transmisión de la publicidad electoral en que las televisoras incurrieron posteriormente. Si la “buena voluntad” expresada en ese documento es, para la mayoría de los consejeros, una fuente de derecho más importante que la ley, ¿cómo sancionarlos si ya prometieron portarse bien?
Es el mundo del absurdo. Y lo peor es que esta claudicación por parte del IFE de aplicar la ley parece haber sido consentida (o pedida) por buena parte de la clase política. El escandaloso silencio guardado por el PAN y el PRI y la renuncia que hizo la Secretaría de Gobernación a su estatus de autoridad en la materia (asumiendo el ridículo papel de mediador en el conflicto) solapan al más puro estilo de la omertà (la complicidad típica de la mafia siciliana) la conducta ilegal de la mayoría de los consejeros.
El más elemental sentido común hace suponer que al gobierno, a varios partidos y a la mayoría de los consejeros (que actuaron más como correas de transmisión de esos intereses que como autoridad electoral) se les doblaron las manos y les temblaron las rodillas ante la presión de las televisoras.
Pero, más allá del sentido común, lo que es indudable es que, hasta ahora, el Estado perdió, por mucho, este round frente a los poderes mediáticos y queda muy maltrecho para lo que sigue. Y si dejamos de lado las lecturas cortoplacistas a las que están acostumbrados nuestros gobernantes, nuestros políticos y nuestros empresarios, al haber perdido el Estado perdimos todos.
Hasta ayer por la noche todo parecía indicar que el PRD impugnaría la resolución del IFE. ¡Ojalá así sea! ¡Y ojalá el Tribunal Electoral reivindique la supremacía del Estado —como lo hiciera en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la ley Televisa— frente a los intereses mediáticos revocando la lamentable decisión del IFE! Tal vez, a pesar de todo, exista en algunos políticos la altitud de miras y el valor de anteponer el interés común a sus intereses particulares, y eso sería de celebrarse frente a la mezquindad imperante.
El IFE y sus fallas
Pedro Salazar Ugarte
El Universal. 16/02/2009
Desconozco las verdaderas razones por las que cinco consejeros electorales decidieron declarar el sobreseimiento de las quejas contra Televisa y TV Azteca, lo que sí sé es que fue una derrota del Estado ante los poderes fácticos y que la decisión careció de sustento jurídico. Ambas cosas son graves. El estado de derecho depende, por encima de cualquier otro rasgo, de la voluntad y capacidad de los operadores institucionales para cumplir y hacer cumplir las leyes. La decisión, en cambio, es una muestra de lo que Guillermo O’Donell llama el unrule of law latinoamericano. En los hechos, las televisoras, derrotaron al órgano electoral y evidenciaron la fragilidad de la mayoría de los miembros de su Consejo General. Esto es evidente porque la decisión de los cinco consejeros carece de cualquier fundamento legal. El sobreseimiento se sustentó, básicamente, en tres argumentos falaces: a) el hecho sucedió pero no se ha repetido y, por tanto, no hay materia para sancionar; b) no existe una norma que pueda aplicarse “estrictamente” al caso; c) existía un acuerdo —firmado días antes— entre el IFE y la CIRT que evitaría que lo sucedido se repitiera en el futuro.
El primer argumento, presentado por el consejero Baños, es jurídicamente insostenible. Lo que estaba a consideración del Consejo General era la aplicación de la ley para determinados eventos por todos (re)conocidos. La materialización del supuesto normativo no dependía —como sugirió el consejero— de la repetición en el tiempo del acto antijurídico sino de su verificación fáctica, concreta, probada. ¿Qué es eso de “sí se violó la ley pero, como ya no lo siguieron haciendo, no hay materia para el castigo”? En todo caso debieron declarar infundado el recurso pero no podían hacerlo porque ello habría implicado entrar al fondo del asunto y, si lo hacían, sabían que tenían que imponer sanciones. Esto es así porque el hecho fue probado y la norma para sancionarlo existe. De ahí lo grave del caso: la decisión de no sancionar fue adoptada por razones extrajurídicas. Con ello, los consejeros socavaron el principio de legalidad que obliga a la autoridad a aplicar, con firmeza, la legislación vigente.
El segundo argumento, expuesto con titubeos por el consejero Nacif, es contradictorio con el anterior. Si el asunto debía sobreseerse, entonces, no cabía valorar la (in)existencia de un fundamento jurídico para sancionar. El consejero, supongo que sin darse cuenta, entró al fondo del asunto pero, como lo que quería era evitar las sanciones, y no estaba preocupado en motivar el sentido de su voto, terminó sumándose al sobreseimiento. Pero, además, el argumento, en sí mismo, es equivocado. No sólo existían disposiciones legales aplicables al caso (como bien mostró el secretario ejecutivo en su proyecto) sino que el principio de “estricta aplicación de la ley” —que sirvió de argumento para el politólogo consejero— es propio de la materia penal y no del procedimiento administrativo electoral. En este último la interpretación normativa es un instrumento medular para aplicar el derecho.
El tercer argumento es absurdo desde la perspectiva jurídica e ingenuo desde el punto de vista político. El acuerdo celebrado por algunos funcionarios del IFE y los representantes de la CIRT no tiene valor legal alguno (ni siquiera contiene fundamentación jurídica), es una carta de buenas intenciones que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una excusante de responsabilidades para quien incumple la ley. Para colmo, como bien advirtió en la sesión el consejero presidente, ni siquiera fue firmado por Televisa y TV Azteca, sino por la cámara de la industria. Pero, además, ¿por qué creer que los concesionarios ahora sí cumplirán con la ley cuando los consejeros les acaban de informar que no sucede nada cuando no lo hacen? ¿desde cuándo la impunidad es un incentivo para el cumplimiento?
El estado de derecho se construye aplicando la ley y no mediante componendas. El viernes, los cinco consejeros electorales sumaron su voz a los que gritan: ¡al diablo con las instituciones! Paradojas de este México en crisis.
Falacias y juego rudo
Lorenzo Córdova Vianello
El Universal. 04/02/2009
El fin de semana tuvimos la enésima constatación de que las televisoras no están dispuestas a olvidar la afrenta que el poder público (encarnado en el órgano reformador de la Constitución) propinó a sus intereses al aprobar la reforma electoral en 2007.
Que la reforma los haya fastidiado no es difícil de entender. El nuevo modelo de comunicación política centrado en la prohibición absoluta de compra de publicidad política en radio y televisión y en el uso de los tiempos del Estado representó, para los intereses mediáticos, una merma económica (pues los priva de ingresos hasta ahora cautivos), pero sobre todo una pérdida de poder (pues les quita, en gran medida, la capacidad de chantaje e, incluso, de sojuzgamiento que habían llegado a tener sobre los políticos).
Hasta ahora ese rechazo había sido evidente, tanto por la campaña de desinformación que desencadenaron contra la reforma como por haber recurrido a vías jurídicas (legítimas, sin duda) para impugnarla. Sin embargo el abuso —que no es otra cosa— en el que incurrieron en la transmisión de promocionales de los partidos y del IFE el fin de semana demuestra que las televisoras están dispuestas a escalar la confrontación contra el Estado y las normas constitucionales que rigen la materia a niveles inusitados.
Durante la transmisión de una serie de eventos de máxima audiencia, los concesionarios suspendieron abruptamente sus emisiones para presentar durante minutos interminables una sucesión encadenada de varios de los spots que el IFE les había remitido. Además, lo hicieron enmarcándolos con cortinillas en las que se achaca sin medias tintas la culpabilidad del hecho al IFE, a los partidos, al Congreso y a las normas constitucionales.
La maniobra es tan burda que revela, sin tapujos, la intención que persigue: crear entre los televidentes un contexto de hartazgo, animadversión y repudio frente a la reforma, sus autores y la autoridad encargada de instrumentarla.
El hecho no pasaría de ser anecdótico si no se tratara de instituciones todas, guste o no, que con sus imperfecciones son indispensables para la democracia. La apuesta de las televisoras es claramente autoritaria: apuesta por erosionar a la política, a las reglas del juego y, de paso, a las instituciones que, con todos sus defectos, hacen posible la convivencia democrática.
Y todo sustentado en un par de falacias que deben ser evidenciadas: ni las normas ni el IFE ordenaron “empaquetar” varios spots y tampoco ordenan la transmisión de los spots en un momento determinado de las emisiones, y mucho menos interrumpir la programación como ocurrió. Es más, hace un año, en febrero de 2008, en una reunión con funcionarios del IFE para discutir la instrumentación de la reforma, los representantes de la CIRT le solicitaron expresamente al instituto no pautara con precisión (en minutos y segundos) el momento de transmisión de los spots de los partidos y les permitiera ajustarlo a lo largo de las fracciones de una hora que mandata la ley, respetando con ello las particularidades de la programación (algo sin duda lógico).
Así se acordó. Hoy, abusando de esa concesión, las televisoras, con una sincronía asombrosa, decidieron transmitir no uno sino varios spots conjuntamente y no en las pausas de la publicidad, como mandaría la razón, sino en los momentos centrales de la programación.
Ayer, un defensor de los intereses mediáticos decía en la radio que la medida de las televisoras no estaba exenta de jiribilla, pero que era claro que los políticos se lo habían buscado. Si eso es cierto, entonces todo se reduce a un mero desafío de los poderes privados al Estado y eso, simple y sencillamente, es inaceptable.
El berrinche de las televisoras
Jorge Javier Romero
La Crónica de Hoy. 04/02/2009
Se les fue un negocito de más de dos mil millones de pesos y están muy enojados. Eso es lo que ocurre con los concesionarios de las televisoras privadas y su manera de enfrentar, coludidos, su obligación legal de transmitir los anuncios políticos durante la campaña sin cobrarlos.
Televisa fue más discreta. Un anuncio en negro y en silencio. Televisión Azteca lloriquea en un mensaje donde lamenta mucho tener que interrumpir la programación preferida pero que así lo ordena el IFE. Y recetan paquetes de anuncios mezclados de promoción del voto y de partidos políticos.
La intención es evidente. Quieren provocar animadversión hacia los partidos y hacia la autoridad electoral. ¿Cómo que no van a ser ellos los que le pongan precio a la política? Hace tres años no ponían letreritos ni programaban los anuncios con mala leche a la mitad de los partidos de futbol. Por el contrario, los transmitían felices y en sus tiempos de mayor auditorio, incluso aquellos ilegales como los de los empresarios contra López Obrador. Entonces no los agraviaba la propaganda. Hoy reparan.
Pues es que antes las televisoras se llevaban buena parte del pastel del financiamiento público en tiempos de elecciones. Con los impuestos de los ciudadanos se le inyectaba a las empresas de televisión un subsidio proveniente del 70% del financiamiento público para gastos de campaña. Ellos, que se han quejado tanto del dinero que se gasta en los partidos y las elecciones, se llevaban su buen pellizco. Ahora que se han quedado sin él, se aprovechan de la pobre imagen, ganada a pulso, de los políticos mexicanos y chantajean a la hora de cumplir a regañadientes con la ley.
Y es que en México es una vieja tradición la de negociar con la desobediencia. Los diferentes grupos y organizaciones buscan privilegios que les permitan observar las normas sin cumplirlas, cuando no de plano violarlas con la aquiescencia de las autoridades encargadas de su acatamiento. Un estado débil, sin legitimidad suficiente y sin los medios técnicos adecuados para hacer cumplir la ley, ha requerido históricamente de las negociaciones particulares para permanecer. De ahí que las televisoras se muestren tan aguerridas y jueguen en el filo de la navaja del desacato.
Desde luego que los políticos impresentables tan abundantes en México son paja seca para la provocación de las televisoras. De por sí las próximas elecciones pueden romper récord de abstencionismo, ante la ineptitud de unos partidos sin imaginación, enzarzados en líos internos, dirigidos por unos muermos cuando no por corruptos conspicuos, sin ideas. Los anuncios confinados en los paquetes del reto son malísimos, lo que sin duda puede contribuir al repudio del público que las televisoras pretenden provocar.
Mal haría el IFE en entrar en negociaciones. Es desde luego tiempo de una buena sacudida, de probar sus dientes, de consuno con las autoridades del Ejecutivo, sobre todo la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer cumplir la ley a los concesionarios de radio y televisión. Nadie les ordenó transmitir los paquetes así. Debieron distribuirlos, desde luego que en las franjas horarias correspondientes, pero como siempre, intercalados en sus paquetes publicitarios. Hacerlo como lo hicieron, con la evidente intención de provocar animadversión hacia los partidos, debe tener consecuencias legales.
Sin embargo, los políticos mexicanos les tienen pavor a las televisoras y suele concederles en sus berrinches. Fueron incapaces de sacar, en esta legislatura, una ley de medios que regulara con eficacia la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico, una vez que la Corte echó para atrás el engendro obsecuente que las propias empresas le soplaron al oído a la anterior legislatura.
El pulso no es un asunto menor. Con la anterior ley, las televisoras y los particulares tenían una gran posibilidad de comprar voluntades políticas a cambio de tiempos al aire en anuncios propagandísticos con impacto en las intenciones de voto. La influencia política de las empresas de televisión se hizo evidente precisamente en el caso de la ley de medios. Ahora la ley les prohíbe lucrar con sus preferencias políticas; si toman partido lo deberán hacer gratis, aunque desde luego se ven ya los huecos por los que se cuelan las notas pagadas a favor de Peña Nieto o de Marcelo Ebrard.
Pero la nueva legislación electoral está a prueba. Sus virtudes se centran en reducir los requerimientos de dinero de los políticos en campaña para evitar en lo posible que sean los intereses económicos ??legales e ilegales?? los representados. Empero, puede enfrentarse a la rebeldía de los medios y a la venta ilegal de espacios como concesión ante la pérdida de la antigua rebanada de recursos con los que los aceitaba de manera indirecta el Estado y de forma específica cada partido, en negociaciones opacas donde el precio de los espacios y los beneficios colaterales de la compra se fijaban de acuerdo con los intereses de las empresas.
La arrogancia de las televisoras es una expresión más de la debilidad del Estado mexicano y de la falta de autonomía de los políticos. Es parte de la misma historia del Estado fallido, sólo capaz de estructurar su dominio de manera simulada
¿Qué les pasa?
José Woldenberg
Refoma. 05/02/2009
Van las dos grandes cadenas televisoras de México a contribuir a crear un clima adecuado para el desarrollo de las campañas electorales o van a «jugar» a generar repudio contra los partidos políticos, sus candidatos y las instituciones electorales del país? ¿Su compromiso será con una contienda abierta, civilizada, plural o intentarán enrarecer el ambiente dada su notoria inconformidad con la reforma del año 2007? ¿Acatarán las normas constitucionales y legales aunque no les sean gratas o buscarán exhibirlas como absurdas y caprichosas?
No parecen ser preguntas retóricas, luego que el fin de semana, presuntamente de común acuerdo -ya que ambas hicieron lo mismo-, transmitieron los anuncios del IFE y de los partidos en bloques que interrumpieron encuentros de futbol de la liga mexicana y el Super Bowl. En ambos casos previamente aparecieron «cortinillas» que le anunciaban al público que las suspensiones se debían a órdenes del IFE. No se necesita ser Sam Spade para darse cuenta que se trata de enemistar de manera irresponsable al auditorio con los partidos y las autoridades electorales, de mostrar la «irracionalidad» de la legislación en la materia, de generar un problema donde no lo hay.
Ya el IFE aclaró que ni los bloques de anuncios ni las interrupciones a los eventos deportivos fueron por indicaciones suyas. Se trata de «promocionales» que no tienen por qué trozar los programas. Hasta la fecha jamás la publicidad de los partidos, del IFE o del Tribunal Electoral ha pasado ni tiene por qué hacerlo fuera de la franja de los llamados comerciales. De tal suerte que ubicarlos de tal manera que afecten directamente al auditorio no puede ser más que la estratagema de algún «listillo». Y no fue sólo el fin de semana, siguen haciendo lo mismo.
Los medios no son un actor más. De su apertura, profesionalismo y apego a la ley depende en buena medida el clima en el que transcurren no sólo las elecciones, sino la convivencia social. Si los medios asumen su responsabilidad en código democrático, las posibilidades de reproducción de ese régimen de gobierno tienden a multiplicarse. Por el contrario, si su comportamiento no reproduce los valores y el horizonte propio del único sistema que es capaz de recrear a la pluralidad de opciones políticas, la sustentabilidad de la democracia tiende a dificultarse. Por ello en todo el mundo se discute y legisla sobre el papel que los medios deben jugar en el marco de un sistema democrático.
En nuestro país la Constitución es muy clara. Dice: «A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión… entre las seis y las veinticuatro horas» (Art. 41, III. A, a y d). «Los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión… Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible…» (b y c).
La disposición es clara: a lo más tres minutos por hora. Y un minuto para los partidos en conjunto. Precisamente para no atosigar a los televidentes con los anuncios. Y distribuidos entre las seis y las 24 horas, para que no se les difundan en los horarios de menor audiencia (después de la media noche). Se trata de abaratar las campañas manteniendo las condiciones de equidad en la contienda. No de agredir a los públicos.
Pero incluso, por si existiera alguna duda, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobado por el IFE el año pasado, establece en su artículo 56 que el Comité de Radio y Televisión del propio instituto (que se integra con representantes de los partidos políticos y consejeros electorales) puede establecer «criterios especiales» para la transmisión de los anuncios o programas de los partidos, cuando se trate de, entre otros: «III. Los debates presidenciales; IV. Los conciertos o eventos especiales; V. Los eventos deportivos…». Precisamente para no estorbarlos.
El tránsito democratizador en nuestro país fue posible, entre otras cosas, porque en su momento los medios coadyuvaron al asentamiento de la pluralidad. Acicateados por el cambio político que vivía México se abrieron a los nuevos vientos, a la coexistencia de la diversidad. Explotaron, se beneficiaron y nos beneficiaron, del clima de libertad y tolerancia que acompañó el paso de un sistema monopartidista fáctico a otro plural y de elecciones sin competencia a elecciones altamente contendidas. No fueron convidados de piedra. Ayudaron a aclimatar la expresión de la pluralidad política y la convivencia democrática. ¿Será posible que ahora, con un espíritu de venganza, intenten tirar por la borda buena parte de su propio capital político? ¿Creen que un espíritu faccioso ayudará al país a transitar por unas elecciones cada vez más complejas y competidas?
Las grandes televisoras no sólo en México sino en todo el mundo son poderes fácticos relevantes. Dada su misión, su cobertura, su influencia ello resulta inescapable. No obstante, ningún poder fáctico debe estar por encima de las normas que los regulan, porque entonces se convierten en poderes facciosos. Toca entonces a los poderes constitucionales actuar en consecuencia.
PD. ¿No tiene el Congreso pendiente la discusión y aprobación de las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que hoy adolecen de enormes huecos luego de que varios de sus artículos fueran declarados inconstitucionales por la Corte?
Profecías que se autocumplen
Ricardo Becerra
La Crónica de Hoy. 02/02/2009
Los siguientes promocionales son ordenados por el IFE en cumplimiento a la ley electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio”, así dice la cortinilla escrita con letras de Chaplin, que utiliza Televisa 18 veces al día en todos sus canales. La de TV Azteca sube el tono pendenciero: “Lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en 3 minutos. A continuación damos paso a mensajes políticos transmitidos por orden del IFE, en cumplimiento de las disposiciones del Cofipe aprobadas por el gobierno federal y los tres principales partidos políticos”.
Santo y bueno. Con sus amargas cortinillas los consorcios nos anuncian que cumplirán la ley bajo protesta y eso, señoras y señores, no representa ningún problema. El problema verdadero es que parecen haber decidido a cumplirla muy a su manera, rodeando la operación de pequeñas triquiñuelas para llevar a la publicidad electoral hacia extremos estrafalarios.
Por ejemplo, en lugar de transmitir los promocionales de veinte segundos (promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos) han fabricado paquetes de spots sin lógica ni cadencia, para proyectarlos de un tirón durante tres minutos consecutivos. Incluso el Canal 22, medio del Estado, incurrió tontamente en tal expediente. Ese recurso jamás se había hecho; el IFE no lo planteó; no lo ordena la ley ni es la intención de la reforma constitucional, y los dueños de los medios electrónicos lo saben muy bien. Lo que buscan premeditadamente, es hacer aparecer ante el gran público a la nueva ley como una norma absurda, abstrusa y burocrática.
Y no es lo único ni lo peor: abruptamente, el locutor lamenta “verse obligado a interrumpir” el emocionante partido para luego propinar un spot político al respetable. Y ayer durante el Super bowl, en la pausa de los dos minutos, de súbito, aparece la desdichada cortinilla para cortar el hilo del partido. La chapuza es obvia: que el televidente encuentre a la campaña, a los partidos y a las autoridades electorales como una procesión odiosa e insoportable.
Que esto no sea la indicación del IFE se prueba viendo a las otras televisoras: Canal 34 (Estado de México), Canal 28, Canal 11 y muchas otras estaciones de radio, que emiten los mensajes como lo manda el sentido común: de forma distribuida sin interferir ni restar continuidad a la programación. Y luego están los problemas detectados en la televisión por cable. De repente, la señal de los canales abiertos no es la misma porque desaparecen los famosos paquetes de promocionales electorales transmitidos por el espacio abierto. Todo lo cuál configura un cuadro más bien ominoso, un sabotaje disimulado, intento de cumplir la profecía que vienen repitiendo desde hace meses los propios intereses televisivos: esta reforma es no sólo monstruosa, sino impracticable.
Pero, ¿cuál es la causa real de esta rebelión? Es el artículo 41 de la Constitución, su apartado A: “A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del IFE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión…”.
Sucede que la reforma electoral no sólo canceló el negocio de la compra de spots. También dispone que cada tres años, al iniciar las precampañas, una parte importante del tiempo que le corresponde al Estado debe ser tomado por el IFE para la comunicación electoral. De tal modo que la presencia mediática de la política y de los partidos se multiplica y pasa de poco menos de 6 minutos diarios por frecuencia, a 48 minutos.
Hay que subrayar dos elementos: este salto en la presencia de partidos ocurrirá cada tres años, y el tiempo del que se echa mano no pertenece a las televisoras, es el tiempo del Estado, un tiempo que de cualquier modo no se puede comerciar, así que el negocio se mantiene intacto.
Y algo más: el IFE entregó los promocionales, que hoy son transmitidos a regañadientes, desde diciembre, justo para que las empresas pudieran planear con toda calma la emisión ordenada y sensata de los anuncios, sin afectar su programación o hastiar al televidente.
¿Qué se quiere provocar con esta escaramuza? ¿Creen de veras que los mexicanos se tragarán la píldora, según la cual esta irracional parafernalia es obra del IFE o de la ley? Me parece evidente, en cambio, que la maniobra es demasiado infantil y que las empresas están poniendo en entredicho su propio prestigio y credibilidad. Se puede entender su desacuerdo con el cambio de reglas; su crítica feroz al Congreso, a la autoridad electoral y su impugnación por todos los medios legales, pero la jugarreta del fin de semana los exhibe como un poder sedicioso, caprichoso, hasta descabellado.
Y su apuesta ocurre en el peor momento: en el período de una crisis económica profundísima que parece destinada a durar años; y en pleno boom delincuencial que tiene al país bordando en una crisis de seguridad. Apostar al fracaso de la reforma electoral, apostar al fracaso de los comicios de julio en su formato legal, es apostar contra la única institución y el único proceso social que puede devolver algo de confianza pública y algo de fe en la convivencia de los mexicanos. Por eso, nada sería más sano para este país donde hacen sus negocios, que posponer su propia profecía.
Posdata
Gracias a Rafael Pérez Gay, hace seis años accedí a este espacio cada lunes. Luego, Pablo Hiriart supo respetar mis opiniones, aunque se dieran de patadas con la línea editorial del diario. Y Guillermo Ortega tuvo la benevolencia de tenerme entre sus colaboradores. Lo agradezco, agradezco también a mis sufridos editores y a los lectores, esos individuos anónimos que cada domingo me forzaban a intentar poner en orden mis ideas. Adiós.
CIRT: confesión de parte
Ciro Murayama
La Crónica de Hoy. 06/02/2009
Las precampañas electorales no dieron inicio sólo a la disputa entre militantes por las postulaciones de sus partidos a la Cámara de Diputados, sino que fueron el motivo para que reiniciara el desafío de las dos principales empresas televisivas del país hacia el marco legal que acotó su poder político y económico en los procesos electorales, así como contra el IFE, la autoridad administrativa encargada de sacar avante el nuevo diseño constitucional en materia de campañas.
El desplante de Televisa y TV Azteca es conocido hasta por quienes no ven televisión: el fin de semana previo, durante las emisiones de programas deportivos y de entretenimiento, se hicieron interrupciones fuera de las barras de anuncios, para emitir los promocionales a que tiene derecho el Estado, y se aseveró falsamente a la audiencia que esos cortes eran por órdenes del IFE. Luego, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) hizo público un comunicado en el que insiste en que la culpa de la afectación a los televidentes se debe al IFE, e incluso lamentó que se sature a la audiencia con propaganda política. Veamos la veracidad de los argumentos de la CIRT.
“Las ‘afectaciones notorias’ a la programación de radio y televisión que se vivieron el pasado fin de semana se generaron porque las autoridades electorales notificaron a los concesionarios las pautas de propaganda política hace dos semanas, cuando ya existían compromisos comerciales de las emisoras, explicó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión” (nota de El Universal, el 3 de febrero). Asimismo, un comunicado de esa organización empresarial, con fecha del 2 de febrero, añade: “En diversos programas, particularmente en los deportivos, es de anticiparse que se apreciarán afectaciones más notorias, toda vez que las pautas de las precampañas electorales fueron notificadas hace un par de semanas a las emisoras, cuando ya existían compromisos contractuales previos en la programación, teniendo en cuenta que los tiempos y horarios de los juegos son predeterminados e imposibles de modificar”.
El comunicado de la CIRT revela y documenta una conducta que rompe disposiciones legales expresas y claras. Para empezar, porque todas las estaciones de radio y canales de televisión sabían que los 48 minutos que corresponden cada día a los tiempos del Estado en toda frecuencia concesionada, sea o no temporada electoral, comienzan a ser administrados por el IFE a partir del inicio de las precampañas electorales federales; que esos tiempos oficiales comprenden segmentos de dos a tres minutos —la norma nunca dice que continuos— por cada hora de transmisión entre las seis de la mañana y las doce de la noche. Mientras duran las precampañas, para todos los partidos en conjunto corresponde un minuto por hora del tiempo del Estado y el resto es para otros mensajes de las autoridades electorales (campañas de empadronamiento y para actualizar la credencial para votar, mensajes contra la compra y coacción del voto, por ejemplo). Una vez que comienzan las campañas, el tiempo es el mismo: 2 ó 3 minutos por hora, hasta sumar 48 minutos al día, pero de ellos 85 por ciento corresponde a los partidos. Esa especificación constitucional que se refiere entre otros a las obligaciones de los agremiados de la CIRT, se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde noviembre de 2007. Entonces, imposible alegar desconocimiento de la Constitución o sorpresa para no saber que esos tiempos del Estado administrados por el IFE se tendrían que transmitir obligatoriamente desde el último día de enero.
Si pensamos en cuántos anuncios oficiales caben por cada hora de emisión televisiva, se trata de hasta nueve spots de veinte segundos, que bien pudieron haberse transmitido en el medio tiempo de un partido de futbol (los tres minutos son la quinta parte del intermedio deportivo) sin afectar la comercialización, sino reduciendo, en todo caso, los comentarios de los “expertos” deportivos y las repeticiones de jugadas, pero sin interrumpir la transmisión del juego.
Pero, además, el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece, en su artículo 57, párrafo 5, lo siguiente: “(…) los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el instituto”. El IFE ya aclaró que entre diciembre y la primera quincena de enero entregó a todos los concesionarios las pautas de transmisión de los mensajes que corresponden al Estado, pero aunque así no hubiera sido, en ningún caso los concesionarios pudieron haber comercializado esos tiempos. Si, como revela la CIRT, Televisa y TV Azteca establecieron “compromisos contractuales” sobre los tiempos del Estado, violaron la ley. Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba.
Una precisión más. La CIRT y otras voces alertan de la saturación a la audiencia por la emisión de 23.4 millones de spots. Demos, de momento, la cifra como buena, pero, ojo: se trata de anuncios que se transmiten en más de dos mil frecuencias concesionadas en todo el país, en emisoras pequeñas y grandes, de alcance local o de frecuencia nacional y en un periodo de cinco largos meses. Si alguien ve un canal de tele o escucha una cadena de radio desde las seis de la mañana y hasta las doce de la noche sin interrupción a lo largo de un día, recibirá 48 minutos de anuncios del Estado, pero para eso necesita estar pegado al radio o a la TV durante 18 horas, a lo largo de 1,080 minutos al día. Si esa persona queda saturada, quizá no sea sólo de anuncios oficiales y tal vez se lo merezca… pero no culpemos a la reforma electoral por ello.